Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
modelo y no por casualidad el general Naranjo es la persona designada para
dirigirlo. La paz territorial debe partir del axioma de que la primacía de lo civil
requiere desmilitarización no solo de los territorios sino de la mentalidad de la
Policía Nacional. Difícilmente habrá paz territorial si no hay este cambio y si,
antes bien, permanece la tesis de que la Policía debe fortalecerse militarmente
para combatir la “criminalidad o la delincuencia” e incluso que los militares se
mantendrán fuera de los batallones cumpliendo funciones de policía.
La experiencia indígena no es equiparable con las que puedan derivarse de
un acuerdo para terminar el conflicto armado, pero es dable imaginar alternativas
a partir de las lógicas internas del control territorial. El punto de partida, como
es obvio, fue el reconocimiento por la Constitución Política de las autoridades
indígenas como responsables del orden público; esto no es diferente a lo establecido
formalmente en la ley para los municipios, pero es sabido que la autoridad
de los alcaldes sobre la policía local ha sido casi nula y sobre todo en las regiones
de conflicto. Los indígenas del Cauca ya traían de tiempo atrás mecanismos de
protección y control ciudadano y de resolución de conflictos, que incluye la
llamada guardia indígena (kiwe thegnas o cuidadores del territorio), la jurisdicción
especial indígena y formas diversas de arreglo de problemas comunitarios;
fueron estos mecanismos los que permitieron que ante la presencia de una policía
militarizada imposibilitada para regular la convivencia, fuesen las estructuras
comunitarias de control social las que asumieran el peso real de la convivencia.
Hay una razón adicional por la que es útil que un acuerdo de paz aborde el
problema de la convivencia y la policía en clave local; las formas locales de regulación
son las únicas realistas para la transición, en tanto la Policía y el Ejército han
sido y son vistos como fuerzas de ocupación y no de convivencia, y en ese sentido
serían el mecanismo idóneo para sabotear el proceso de estabilización de la paz.
Superar esos enfoques equivocados obliga a pensar en otros campos de
transformaciones necesarias para una paz con impacto territorial, que en su
momento planteó el movimiento indígena como consustanciales para poder
terminar la acción militar del MAQL y dar paso a una paz estable. Al primero
de ellos ya lo señalamos: se requieren avances serios hacia una verdadera
reforma político-territorial. Un enfoque territorial no tiene por qué reducirse
a acuerdos de alcance localizado, en una especie de “paz de enclave”; el movimiento
indígena en su momento lo entendió, y planteó que su propuesta de ETI
requería —para vincularse con lo nacional— de un profundo reordenamiento
territorial de todo el país 7 . Poner sobre la mesa de conversaciones el tema del
ordenamiento territorial nacional y regional es perfectamente compatible con la
7 Una agenda que está pendiente casi 25 años después de haberse ordenado; más ahora, con la imposición de la
ley 1454 de 2011.