Y SIN EMBARGO SE MUEVE

Diáspora y participación política en el proceso de paz | 129
por los derechos de los migrantes, la paz y la defensa de los derechos humanos
en Colombia. Estas actividades organizativas se están poniendo al servicio del
fin de la guerra y en muchas de ellas, exigiendo la concreción de los derechos
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Allí participan diversas
organizaciones y partidos políticos de todas las tendencias o movimientos, como
el de los “Exiliados perseguidos por el Estado y el paramilitarismo colombiano”
o el “Foro Internacional de Victimas (FIV)”.
La participación de la diáspora en la Mesa de negociaciones entre el ELN y
el gobierno colombiano debe darse principalmente a partir de esta comunidad
organizada y en su representación deben estar todos los sectores (mujeres, migrantes
económicos, personas exiliadas políticas, jóvenes) y todas las regiones,
dado que las condiciones del exilio varían de acuerdo con los países de residencia.
Para tal fin, las diversas expresiones organizativas de la diáspora deben ser
reconocidas como sujetos políticos activos en los diálogos, en la construcción
de la paz y en la definición de las políticas públicas que les competen tanto a
quienes retornan, como a quienes desean quedarse en el exterior.
Además de la Mesa entre la insurgencia y el gobierno, es necesario habilitar
otros espacios como la “Mesa de la sociedad para la paz” que se dinamiza actualmente
en Colombia por diversos sectores. En el caso de la migración, adelantar
foros consultivos transfronterizos, paralelos a las negociaciones oficiales, para
que aporten iniciativas vinculantes que le permitan tener una voz autónoma
y autentica en el proceso. Estas prácticas estarían dotadas de herramientas de
comunicación que, aprovechando la tecnología, sean capaces de promover la
discusión y el intercambio. A este nivel hay que tener en cuenta otras experiencias
en las que las diásporas han desempeñado roles importantes favoreciendo
la paz y los acercamientos, como en los casos de Irlanda del Norte y Etiopía.
En la concreción de esa dinámica, es necesario redefinir el concepto de
víctimas: la Comisión Colombiana de Juristas dice que debe abarcar tanto a
aquellas personas perseguidas directamente por motivos religiosos, políticos,
raciales, de pertenencia a alguna organización o por sus opiniones políticas,
como a aquellas que, según lo establece la declaración de Cartagena, salieron
por sentirse amenazadas en razón a la violencia generalizada, a los conflictos
armados internos, la violación masiva de derechos humanos o por circunstancias
que hayan perturbado gravemente el orden público (Tacha, 2012).
Para facilitar la participación de la diáspora, el Estado colombiano y las
organizaciones de migrantes y refugiados deben hacer contacto con las autoridades
de los países de acogida, las instituciones multilaterales del circuito de
Naciones Unidas y en general con la comunidad internacional. Se requiere,
además de los recursos técnicos y financieros que posibiliten la creación de
espacios de debate y organización, de disposiciones legales que no menoscaben