Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
En este sentido, lo esencial sigue siendo la profundización de la participación
comunitaria en la definición de las políticas públicas; para ello, el desafío
real de la paz territorial es la restitución de derechos y competencias territoriales
de entes locales, con la obvia transferencia de recursos públicos. No hay lugar a
dudas de que la negación de plano de los derechos de las comunidades locales
para incidir en temas tan neurálgicos seguirá produciendo explosiones sociales
y eventos de violencia sociopolítica propiciados por la represión empresarial y
estatal. Lo que no exime de un sistema de pesos y contrapesos entre el orden
local y el orden nacional, puesto que se requiere la aplicación de los principios
de solidaridad regional, complementariedad de los entes territoriales, defensa
de bienes comunes de la humanidad, etc.
La Corte Constitucional ya ha avanzado en algunos casos y ha señalado
que, independiente de la condición étnica de los afectados, es obligación del
Estado realizar consultas con comunidades locales sobre asuntos de especial
relevancia para sus vidas comunitarias. En un eventual acuerdo político para la
terminación del conflicto armado, deberá ponerse a la orden del día el derecho
a la consulta previa y al consentimiento comunitario previo —del que ya gozan
los pueblos indígenas y afros—; nuestra consideración es que el fortalecimiento
de las competencias locales en materia de ordenamiento territorial, minero-energético
y ambiental no solo incrementará la participación y reforzará la
democracia, sino que permitirá una gestión más equilibrada de los recursos y
evitará el trámite violento de conflictos ambientales.
Comentario final
La participación de la sociedad y los cambios en el orden territorial deben
perfilar un conjunto de proyectos regionales articulados en torno a un sujeto
popular. Proyectos regionales que por vía del nuevo ordenamiento territorial
del país se armonicen con el proyecto de profundización de la democracia que
surja de los acuerdos con las insurgencias y con el movimiento social.
Para que ello sea posible, es inevitable que el Estado reconozca ese poder
real y las debidas competencias públicas a las comunidades que han construido
institucionalidades alternativas. Esa es la experiencia exitosa del movimiento
indígena del Cauca, a partir de su experiencia de negociación con el MAQL.
Si Estado no está en disposición de aceptar este imperativo, la paz posible y
democrática no será y tampoco, la paz territorial. Y ello será así por decisión
del establecimiento y no por la ausencia de un sujeto político para la paz, que
en las regiones más críticas del conflicto armado lograron crear atisbos de esas
formas propias de institucionalidad.