Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
1991. Ese reordenamiento incluye incorporar la participación de la sociedad
y tener en cuenta los impactos sociaombientales, propios de las experiencias
de la exploración, explotación y demás fases propias de la industria de los
hidrocarburos.
Pues bien, la base del reordenamiento de la discusión en el contexto de los
diálogos con el ELN consiste en entender que al tiempo que esta organización
tiene una propuesta sobre el manejo de los hidrocarburos en Colombia y pone
elementos en discusión, también existen los criterios del Estado, los trabajadores,
los inversionistas y demás actores de la sociedad, que elaboran también proponen
y que defienden sus intereses con respecto al hidrocarburo. Debe tenerse
en cuenta que se trata de una discusión en la que los diversos actores están en
medio de sus actividades en el contexto mismo del debate nacional al respecto.
Una labor en la constitución de la agenda consiste en tratar de interpretar
los intereses principales y secundarios de los diversos actores, para encontrar
las coincidencias y las convergencias temáticas implícitas y establecer las divergencias
y los acuerdos, también implícitos.
Nación y soberanía energética
El problema central de un agenda jerarquizada del debate con respecto a esta
área temática es establecer cuál es el tipo de propiedad (posesión) que tienen
la nación, el Estado o el gobierno sobre los recursos naturales energéticos, en
particular, sobre los hidrocarburos y sus derivados. (Hay que distinguir los
entes de la posesión pues algunos actores se refieren a la nación y la legislación
vigente se refiere al Estado o al gobierno.)
Una primera forma de establecer la propiedad de la nación o del Estado
es considerar que ella se deriva del tipo de desarrollo que haya y del proyecto
nacional que se construya. Con respecto a la articulación entre lo nacional y lo
regional, la definición de políticas y su discusión deben darse alrededor de cuál
es el modelo de desarrollo más conveniente para el país, según las afectaciones en
los diversos ámbitos del territorio (nacional, regional o local), pues los impactos
de ese modelo se diferencian según las escalas territoriales.
Hay otra forma de determinar el tipo de propiedad del Estado: esa propiedad
puede definirse desde un enfoque sistémico de suministro de recursos
energéticos, con el que se establecen las necesidades de un modelo de desarrollo
económico y social. Y la propiedad del gobierno es un problema relacionado
con los recursos económicos que necesita para aplicar su programa y que tiene
limitaciones ligadas al periodo de tiempo en el que debe realizar ese programa
con respecto a la temporalidad, el tamaño y el ritmo de explotación de la extracción
de los recursos del subsuelo.