Y SIN EMBARGO SE MUEVE

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Negociación Gobierno-ELN. Y sin embargo, se mueve
Un sujeto político y social que asuma los elementos programáticos de las
insurgencias y la pertinencia de intervenir activamente en el diálogo y negociaciones,
es imprescindible en un proceso efectivo para terminar el conflicto
armado. Esto es así porque, como lo reconocen las propias insurgencias y el
Estado, en las mesas de diálogo gobierno-insurgencias no están representados
todos los actores determinantes del conflicto armado ni todos los temas que
determinan su existencia, pero sí están sentados los protagonistas armados que
tienen la potestad de terminar la confrontación.
La auto-conformación como sujeto político y social que pretende intervenir
directamente para terminar la guerra y pasar a un periodo de transición, implica
reconocerse formalmente como tal. ¿Existen sectores políticos y sociales que
quieran correr el riesgo de defender ese programa? Francisco de Roux en un
comentado artículo publicado en mayo del 2015, sugiere un camino: reconocer
que el programa del ELN es coincidente en muchas partes con el programa
popular. La debilidad de su argumento es que pareciera reducir el cambio de
estrategia -de lo armado a lo civil- sobre todo a la voluntad del ELN, y subvalora
la tragedia de un sistema político que se sustenta en buena medida en los
crímenes de Estado y la represión generalizada de la oposición socio-política.
Los actuales momentos obligan a la audacia de la sociedad popular, y en buena
medida obligan a tener el valor civil de incorporar explícitamente el programa
insurgente en el programa popular para la paz y plantearle al establecimiento
que se está en disposición de una negociación efectiva sobre los elementos
determinantes del conflicto armado. Esta audacia y valor político lo tuvo en su
momento el CRIC y le permitió no solo facilitar la negociación, sino actuar de
forma directa en las negociaciones y en el diseño de la etapa de transición que
produjeron los acuerdos.
El riesgo del señalamiento no es un asunto menor, por supuesto. La participación
de un sujeto social y política para terminar el conflicto demanda un
procedimiento similar al que aconteció con el MAQL: que el gobierno acepte
la configuración pública de ese sujeto político-legal que quiere hacer parte de
la negociación. Esto equivale a otorgar las garantías para la participación, a
no estigmatizar las organizaciones que decidan asumir este papel y a proteger
a sus dirigentes. Lastimosamente el gobierno sigue preso de un paradigma
equivocado: considera que reconocer que el ELN y las FARC expresan por lo
menos parcialmente el programa popular es darle una ventaja política excesiva,
de manera que acuden al señalamiento y persecución, con el argumento
contrario: considerar que determinadas organizaciones populares son meros
instrumentos o fachadas políticas de los grupos insurgentes porque coinciden
programáticamente. Utilizan el código penal para analizar una realidad política.