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Dos claves indígenas | 257<br />
Segunda clave: sobre las apuestas territoriales para la transición<br />
El acuerdo del MAQL con el gobierno no incluyó transformaciones sustanciales<br />
al statu quo territorial. Pero el CRIC y la ONIC entendieron que la Asamblea<br />
Constituyente abría la puerta a una transformación en esa materia y desde el<br />
primer momento —cuando elaboraron su proyecto de Constitución Política—<br />
dedicaron buena parte de su capital político y de sus esfuerzos a la construcción<br />
de alianzas, a incorporar en la Carta la figura de las Entidades Territoriales Indígenas,<br />
ETI; ese fue el centro de la acción de los tres constituyentes indígenas,<br />
uno de ellos, delegado del MAQL. Aunque no hubo una negociación directa de<br />
paz por territorio, en eso consistió indirectamente el acuerdo; de hecho, cuando<br />
el liderazgo político indígena de la época balancea el periodo no duda en<br />
señalar que las ETI representan un “pacto de paz” entre los pueblos originarios<br />
y el Estado colombiano.<br />
Obviamente, la experiencia —y conquista— del movimiento indígena en<br />
materia territorial no puede equipararse mecánicamente a la situación del ELN,<br />
que tiene una agenda nacional de transformaciones sociopolíticas como base<br />
para la negociación. No obstante, es viable adoptar un enfoque regional para la<br />
construcción de un acuerdo de alcance nacional, tanto por el Estado, como por<br />
el ELN. Por el Estado, porque es inevitable que las negociaciones con el ELN y<br />
con las FARC sean (o se entiendan como) el reconocimiento o la transferencia<br />
institucional de poder a las comunidades políticas regionales o locales; porque si<br />
el gobierno no reconoce esos poderes comunitarios civiles que se han conformado<br />
en las últimas décadas, las guerrillas u otros actores extrainstitucionales seguirán<br />
siendo los articuladores territoriales. En palabras más simples, el establecimiento<br />
debe elegir entre reconocer el poder territorial a las comunidades en las zonas<br />
en conflicto o permitir que ese poder lo tengan las insurgencias; si su elección es<br />
por la democracia, no debería haber dudas sobre el camino a seguir.<br />
Por su parte, el enfoque de autonomías regionales o territoriales puede<br />
resultar atractivo para ELN por varias razones: la primera, porque estas territorialidades<br />
son una tendencia social, independiente del Estado y de las guerrillas,<br />
y por ende, ya tienen sujetos políticos que las han ido constituyendo;<br />
la segunda razón es que el enfoque aborda —así sea parcialmente— la apuesta<br />
de soberanía, que está en el centro de la disputa; y la tercera, aunque no menos<br />
importante, porque es el abordaje más realista para implementar en la práctica<br />
las opciones de poder popular.<br />
El gobierno ha planteado de manera insistente la idea de una “paz territorial”,<br />
con lo que admite que con los acuerdos firmados en la pasada década del<br />
90 hubo reincorporación para los combatientes, pero no para las comunidades<br />
ni para los territorios; a pesar de la audacia de esta afirmación, es dudoso que