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1 / SASACHACUY TlEMPO: LOS AÑOS DIFÍCIl.ES 29
En el campo, SL creció en parte porque llenó la ausencia del Estado. Luego de la
Reforma Agraria (1969-1975), la autoridad terrateniente no había sido remplazada por
ninguna otra. La autoridad presente era la comunal; empero, fue circunscrita al ámbito
específico de cada comunidad y no fue reconocida ni por el Poder Judicial ni por la
Policía Nacional. En este contexto, los comisarios de SL administraron una justicia
sumaria. En los denominados "juicios populares", los mandos senderistas utilizaron
castigos físicos en los casos de delitos comunes, y una bala en la cabeza o una cuchillada
en el cuello para los "delitos" más graves. Las decisiones partidarias eran inapelables,
imponiéndose un orden autoritario que buscó "solucionar" los conflictos en una manera
draconiana y frecuentemente letal.
Otro de los factores que contribuyó al crecimiento de SL fue el tipo de acciones
contrainsurgentes de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Las "fuerzas del
orden" practicaron la represión indiscriminada y cometieron graves violaciones de los
derechos humanos, especialmente en la primera etapa del conflicto armado. Estos abusos
generaron rencor y la búsqueda de venganza entre sectores de la población; fueron
precisamente estos odios y rencores los que Sendero Luminoso canalizó.
Sin embargo, es preciso señalar que durante este mismo periodo los integrantes de SL
fueron responsables de múltiples casos de arrasamiento de comunidades campesinas,
especialmente en la zona altoandina de Huanta y La Mar, donde los comuneros iniciaron
su rebelión contra el dominio senderista. Fue en las alturas de Huanta donde los
comuneros se organizaron a partir de los comités de autodefensa civil, forjando una
alianza frecuentemente abusiva pero estratégica con el Ejército.
Como queda claro en el Informe final de la CVR, la doctrina senderista tuvo un
carácter criminal y totalitario, de actitud despectiva frente a todo principio humanitario.
Ante su acción, fue deber del Estado y de sus agentes defender a la población. En el
cumplimiento de este deber, el Estado falló ostensiblemente. De hecho, la CVR llegó a la
convicción de que "en ciertos periodos y lugares, las Fuerzas Armadas incurrieron en una
práctica sistemática o generalizada de la violación de los derechos humanos y [...] existen
fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, así como infracciones
al derecho internacional humanitario" (CVR 2003: 1, 33).