documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 25/2000
jurídica a la no ratificación por el mismo agente denunciante) y las actuaciones
llevadas a cabo en la queja Q9901352 en la que se comunicó que
al no haberse reconocido por el agente denunciante como suya la firma
que aparecía estampada en el informe de ratificación, la multa que se
había impuesto se iba a incluir en la correspondiente relación de propuestas
de anulación. En este y otros muchos casos, parece que esa
disparidad de firmas es tan determinante que motiva la nulidad de la
sanción impuesta.
Cuarta. Atendiendo a la solicitud que se formuló por esta Institución,
se han remitido las sentencias en las que esa Administración basa su
criterio: una dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
el 24 de marzo de 1998 y otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid de 6 de mayo de 1999.
Sin embargo, estudiado el contenido de las mismas, hemos de manifestar
que en ellas no se hace referencia al hecho cuestionado: si es válido
o no el informe de ratificación emitido por un policía distinto al que formuló
la denuncia previa. Por tanto, ni siquiera forzando la interpretación
de esas sentencias puede obtenerse una fundamentación de la postura
mantenida por esa Administración.
En cambio, esta Institución sí puede ofrecer una sentencia en la que
se planteó de forma expresa esa cuestión. En efecto, el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, en su Sentencia de 7 de mayo de 1997 (Arz. C-A
1008/97), declaró expresamente disconforme con el ordenamiento jurídico
la sanción impuesta a un conductor porque «la diligencia de ratificcaión
o aclaración del boletín de denuncia no ha sido suscrita por el mismo funcionario
que redactó aquél, sino por otro diferente, sin que conste, en la
propia diligencia, que el segundo intervino o estuvo presente en el momento
de levantarse la denuncia. La mera disparidad personal, unida al hecho
de la falta de constancia, por esta misma razón, acerca de la observación
personal y directa de los hechos denunciados por parte de quien ulteriormente
los ratifica es suficiente para considerar que no quedan cumplidos
los rigursos requisitos a que la Ley sujeta la presunción de veracidad».
A este respecto, el citado Tribunal Superior de Justicia indica que
«como principio legal que dota a las manifestaciones de los denunciantes
de un plus de verosimilitud sobre la versión ofrecida por el denunciado,
haciendo decaer el derecho constitucional a la presunción de inocencia
sobre la base de considerar probado el hecho directamente observado
por el agente de la autoridad, debe ser objeto de toda clase de cautelas
y garantías encaminadas a evitar un automatismo en la aplicación de
la norma que conduzca al sistemático menosprecio de la versión que ofrezca
el expedientado».
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