documento - Defensor del Pueblo

97/2000 RECOMENDACIONES
Las cifras anteriormente expuestas deben ser completadas con un
dato altamente preocupante, al finalizar 1999, en la Audiencia Provincial
de Madrid, había 25.514 asuntos pendientes.
Todo ello a pesar del esfuerzo que se realiza por los magistrados
allí destinados, los cuales han conseguido de forma sucesiva en los últimos
años un incremento en el número de asuntos resueltos.
Además de los datos que se acaban de exponer, desde el Defensor
del Pueblo, hay que dejar constancia también del importante número
de quejas que últimamente se reciben en relación con el órgano judicial
antes mencionado. Dentro de los órganos jurisdiccionales colegiados, las
Salas I y III del Tribunal Supremo, la mayoría de las Salas de lo Contencioso-Administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia y las
Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid son las que en
la actualidad presentan un mayor retraso a la hora de resolver los asuntos
que les corresponden.
En el caso concreto de la Audiencia Provincial de Madrid, es muy
frecuente que al solicitar los pertinentes informes a la Fiscalía General
del Estado, respecto de las quejas que presentan los ciudadanos por los
procedimientos que conoce el citado Tribunal, desde la Fiscalía se informa
que el asunto en cuestión «se encuentra pendiente de señalamiento para
vista cuando por turno le corresponda». Se trata en la mayoría delos
casos de sentencias dictadas por juzgados de primera instancia en los
últimos meses de 1997 o al iniciarse el año 1998 y en los que se comunica
igualmente que no serán definitivamente resueltos hasta finales del año
2001 o principios del 2002.
En alguna de las investigaciones que se han desarrollado en relación
con la Audiencia Provincial de Madrid, desde el Consejo General del
Poder Judicial se ha reconocido la situación de retraso generalizado que
presentan las secciones civiles, habiéndose incluso señalado que a juicio
del Servicio de Inspección deberían al menos crearse siete secciones nuevas
para comenzar a eliminar el gran número de asuntos pendientes.
Desde la Presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se ha
hecho llegar tanto a ese Ministerio de Justicia como al Consejo General
del Poder Judicial la situación antes expuesta sin que hasta el momento
se hayan adoptado medidas encaminadas a aminorar el importante número
de recursos que se encuentran pendientes de ser resueltos.
La dilación enmás de tres años que se viene produciendo a la hora
de resolver los procedimientos que son conocidos por la Audiencia Provincial
de Madrid afecta al derecho fundamental de todo ciudadano a
recibir una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) en un
plazo razonable, por ello el Defensor del Pueblo como órgano encargado
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