documento - Defensor del Pueblo

88/2000 RECOMENDACIONES
un criterio puramente cuantitativo, sin tener en cuenta que puede haber
casos en los que ese plazo mínimodeunaño resulte perjudicial para
el menor. De mantenerse el tratamiento legal de esta cuestión enlos
términos expuestos se estaría dando un peor trato a los menores respecto
de los adultos, ya que estos últimos no precisan de ningún plazo para
acceder a un tercer grado penitenciario.
A la vista de lo expuesto, esta Institución, al amparo del artículo 30
de su Ley Orgánica reguladora y en la medida en que la cuestión expuesta
afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, ha
valorado la conveniencia de dar traslado a V. E. de la siguiente recomendación
para:
«1. o Que se proceda a la aprobación de un reglamento que desarrolle
y complete todos aquellos aspectos en los que la ley precisa de desarrollo
reglamentario, valorando la conveniencia de incluir en ese reglamento
algunas de las consideraciones que se han mencionado en el apartado 1. o
de la presente recomendación.
2. o Que a la vista de cuanto se ha expuesto en el apartado 2. o de
esta recomendación se proceda a una moratoria en la entrada en vigor
de la Ley Orgánica 5/2000, hasta que los recursos humanos y los medios
materiales necesarios se encuentren plenamente disponibles.
Para el supuesto de que no se acceda a la moratoria que se solicita,
que se deje de forma temporal sin efecto el apartado 2. o del artículo 1
yelartículo 4 de la citada Ley, para que la misma no se aplique a los
jóvenes mayores de dieciocho años y menores de veintiún años, hasta
que se completen los medios humanos y materiales que son necesarios.
3. o Que se estudie la conveniencia de introducir las modificaciones
oportunas, de modo que se tengan en cuenta las consideraciones que
se han efectuado en el punto 3. o de la presente recomendación.»
Madrid, 30 de noviembre de 2000.
Recomendación dirigida al Ministro de Justicia.
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