documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 96/2000
Llegados a este punto conviene recordar que el artículo 39 de la Constitución
Española dispone que los poderes públicos aseguran la protección
social y jurídica de la familia. En el mismo sentido, la Recomendación 869
de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invita
a los Estados miembros del Consejo a realizar las reformas legislativas
necesarias para la creación de un fondo de anticipo de pensiones a favor
de los hijos en supuestos de ruptura matrimonial.
Desde al menos el año 1993, en el Parlamento se han venido presentando
iniciativas parlamentarias, en las que de una u otra forma se
ha solicitado la creación de un Fondo de Garantías de Pensiones, el cual
fue uno de los objetivos propuestos en el Primer Plan de Acción de Igualdad
de Oportunidades de la Mujer y todavía no se ha constituido.
En la pasada legislatura dos grupos políticos diferentes presentaron
proposiciones de ley para abordar este problema, sin que las mismas
fueran aprobadas. En la presente legislatura de nuevo tres grupos parlamentarios
distintos han vuelto a presentar iniciativas para que legalmente
se regule este problema. Todo ello pone de manifiesto el indudable
interés que para los representantes del pueblo tiene la creación deun
Fondo de Garantía de Pensiones, sobre todo, si se tiene en cuenta que
en muchos casos las situaciones de desatención y abandono afectan a
menores.
Por otra parte, es preciso señalar que en numerosos casos, es la propia
lentitud de la Administración de Justicia, tanto en los trámites declarativos,
como en ejecución de sus resoluciones, la que impide dar respuesta
con la urgencia precisa a las necesidades de los progenitores con
hijos dependientes económicamente, que sufren el impago de las pensiones
y carecen de otros medios de subsistencia.
Entiende, por tanto, esta Institución que el Estado no puede mantenerse
ajeno a este grave problema, fundamentalmente, cuando afecta
a menores de edad. En estos supuestos debe primar el interés superior
del menor, por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, de tal
forma que el Estado asuma y dé cobertura, mediante el correspondiente
sistema de garantías, al pago de alimentos reconocido a favor del cónyuge
más desprotegido económicamente o de los hijos menores de edad en
aquellos supuestos en que la obligación alimenticia tenga su origen en
convenios reguladores aprobados judicialmente en procedimientos de
separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio y procesos
de filiación o de alimentos.
A la vista de lo expuesto, esta Institución al amparo del artículo 30
de su Ley Orgánica reguladora y en la medida en que la cuestión expuesta
afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, ha
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