documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 98/2000
Aquí también hay que hacer una nueva delimitación de nuestra investigación:
no se consideran datos personales merecedores de las protecciones
establecidas en ambas leyes, los referentes a la identidad de las
personas jurídicas en cuanto titulares de fincas individualizadas. Por tanto,
de acuerdo con la actual normativa, los particulares sin especial cualificación
pueden acceder al valor catastral de las fincas cuyos propietarios
sean personas jurídicas, pues no se les reconoce un derecho a la intimidad
o a la privacidad que deba prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos
al acceso a los archivos y registros administrativos.
Como se ha dicho más arriba, el valor catastral se refiere a una característica
concreta de carácter meramente económico de un inmueble y
no se refiere directamente a personas identificadas o identificables, según
exige la legislación actual, para atribuirle la consideración de dato de
carácter personal.
Pero conociendo de forma aislada el valor catastral de una finca individualizada
no podemos determinar ningún rasgo identificativo de su propietario,
de la misma forma que no se puede considerar que incida en
su privacidad. Si ello se admitiera, también habría que restringir el conocimiento
por un tercero de otras características del bien inmueble como
los planos y fotos del mismo o los datos técnicos del suelo o de la construcción
que obren en la carpeta catastral.
El derecho a la intimidad de la persona puede venir referido a distintos
aspectos de su vida privada o familiar los cuales deberán ser conjugados
con las ideas imperantes en una sociedad y momento histórico, así como
del concepto que de su privacidad tenga cada uno. Para determinadas
personas afecta menos a su privacidad el conocimiento por un tercero
del valor catastral de su vivienda (inferior al valor de mercado) que el
conocimiento de la distribución o estructura de la misma. Por el mero
hecho de tener el valor catastral una significación económica y una trascendencia
tributaria, no puede dar lugar a que se le otorgue una especial
protección, ya que ello conllevaría también que se restringiera el acceso
a cualquier dato que obre en los archivos administrativos que pueda tener
una incidencia tributaria.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, una vez elaboradas las
ponencias de valores por los técnicos de la Administración, la asignación
individual de los valores catastrales es una tarea muy mecánica para la
que no se exige un poder decisorio especialmente cualificado. Es en la
siguiente fase, la que conlleva la notificación de esos valores catastrales,
cuando se precisa conocer a las personas que son los propietarios para
enviarles esa notificación individualizada.
De acuerdo con ello, el valor catrastal es un dato que no tiene por
qué estar indisolublemente ligado a la identidad del titular del bien inmue­
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