documento - Defensor del Pueblo

12/2000 RECOMENDACIONES
aplicación por igual a todos los participantes e impidiendo que la Administración,
mediante la inobservancia o la interpretación indebida de lo
dispuesto en la regulación del procedimiento de acceso, establezca diferencias
no preestablecidas entre los aspirantes (SSTC 193/1987 y
353/1993, entre otras).
Con esta última perspectiva, el derecho fundamental del artículo 23.2
ha de conectarse ineludiblemente con la vinculación de la propia Administración
a lo dispuesto en las Bases que regulan el procedimiento de
acceso a la función pública.»
Finalmente esta Institución quiere poner de manifiesto que en la última
convocatoria de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (Orden de 23 de noviembre de 1998) no se ha adoptado
el criterio que ha sido objeto de queja por parte de la interesada, ya
que expresamente se recoge en la Base de la Convocatoria 9.1 que «la
puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número
de respuestas acertadas, hecha la deducción por las no acertadas».
A la vista de lo expuesto, esta Institución al amparo del artículo 30
de su Ley Orgánica reguladora y en la medida en que la cuestión expuesta
pudiera afectar a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos,
en concreto los artículos 23.2 y 103 de la Constitución, ha valorado
la conveniencia de dar traslado a V. E. de la siguiente recomendación:
«Que, en lo sucesivo, tal y como se ha hecho constar en la última convocatoria
de ingreso al Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, se recoja expresamente la facultad reconocida al Tribunal Calificador
de fijar la nota mínima para poder acceder al segundo ejercicio,
así como la de convertir las notas obtenidas cuando se estimase que ello
fuere necesario y se indiquen también en la orden de convocatoria los
criterios que se tendrán en cuenta para efectuar dicha conversión, a los
efectos de que los ciudadanos que concurran a dichas convocatorias tengan
conocimiento exacto de estos extremos y puedan valorar si los mismos
se acomodan a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.»
Madrid, 31 de enero de 2000.
Recomendación dirigida al Secretario de Estado de Justicia.
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