documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 88/2000
Respecto a la distribución geográfica de los centros, existen algunas
Comunidades Autónomas, tal es el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha,
en las que, debido a su gran extensión yalnúmero reducido de
centros, resultará difícil que los jóvenes estén internados en centros próximos
a sus domicilios, lo que complicará el proceso de integración social
al que se refiere el artículo 55 de la Ley Orgánica 5/2000. La situación
que puede presentarse será contraria al contenido de la recomendación
número R(87)20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17
de septiembre de 1987, en la que se indica que deben evitarse internamientos
demasiado alejados y poco accesibles.
Todas las Comunidades Autónomas visitadas han expresado su preocupación
por carecer de centros adecuados en los que dar ejecución al
internamiento terapéutico, al que se refiere el apartado 1, letra d), del
artículo 7 de la Ley antes citada.
Además de las infracciones correspondientes a los centros de internamiento,
hay que hacer referencia a las que afectan a la Administración
de justicia. Desde hace algunos años permanece sin variación alguna el
número de juzgados de menores que vienen funcionando en régimen de
dedicación exclusiva. Los 38 juzgados de menores existentes en este
momento serán incrementados en 31 nuevos juzgados. En este momento,
según la información recibida desde ese Ministerio, se están ejecutando
33 obras para instalaciones de Fiscalías y Juzgados de Menores en 27
provincias.
Aunque resulta evidente el esfuerzo presupuestario y organizativo que
se está acometiendo en la actualidad desde ese Ministerio de Justicia,
especialmente en cuanto a la dotación de nuevas plazas para los equipos
técnicos y en la organización de cursos de formación para fiscales, no
puede dejarse de constatar cómo en los últimos tres años no se ha puesto
en funcionamiento ningún juzgado de menores en régimen de exclusividad,
a pesar de que la situación fue puesta de manifiesto en el informe
del Defensor del Pueblo de 1997. La creación de 31 nuevos juzgados
para el próximo 13 de enero de 2001 supondrá que buena parte de ellos
no puedan ser cubiertos por magistrados especialistas en la jurisdicción
de menores. Esta circunstancia contraviene la Regla 22 de las adaptadas
el 28 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de Naciones Unidas
para la Administración de la justicia de menores.
La puesta en funcionamiento con carácter urgente de un número
importante de órganos judiciales, junto con las instalaciones propias que
requieren los miembros del Ministerio Fiscal y de los equipos técnicos,
hace que en la práctica aparezcan situaciones como la que se creará en
la ciudad de Madrid. El edificio que alberga a los cuatro juzgados de
menores resulta insuficiente para acoger a los nuevos órganos judiciales
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