documento - Defensor del Pueblo

23/2000 RECOMENDACIONES
Pero, al hilo de esta alusión, se plantea también el olvido, por parte
de la EMT del otro condicionamiento alternativo al servicio militar, que
supone la prestación social sustitutoria, al que no se alude para nada.
La Ley de 26 de diciembre de 1984, reguladora de la Objeción de
Conciencia de la Prestación Social Sustitutoria, resalta en su exposición
de motivos uno de los principios que adornan o fundamentan esta norma;
y que es “la eliminación de toda discriminación en cualquier sentido entre
quienes cumplen el servicio militar y los objetores de conciencia”. Luego,
en el artículo 10, se señala que los objetores tendrán prestaciones equivalentes
a las de los soldados en fila.
Esta ley ha sido derogada por la de 6 de julio de 1998, que entra
en vigor el día 27 siguiente, que mantiene en todo el respeto al principio
de igualdad que hemos señalado, cosa lógica en cuanto al mismo deviene
del artículo 30 de la Constitución y,aún esmás, perfila y aclara los derechos
y deberes del propio objetor.
En todo caso, conviene indicar, a modo de conclusión de este punto,
que la expresión literal del requisito para admisión de solicitantes tal
como figuraba en la convocatoria de la EMT, era la de “tener cumplido
el servicio militar o documento que acredite estar exento del mismo”.
Es obvio que tanto quienes hayan efectuado una prestación social sustitutoria
como las propias mujeres, excluidas ex lege del servicio militar,
podrán cumplir aquel requisito, no percibiéndose, en consecuencia, ningún
elemento discriminatorio, todo ello sin perjuicio de que pueda sugerirse
a los órganos de la EMT para que, en sucesivas convocatorias, se clarifiquen,
aún más, los términos utilizados y se elimine así cualquier duda
como la que ahora se expone en la queja al Defensor del Pueblo.
La condición de tener que justificar, después de superadas las pruebas
de selección el carecer de antecedentes penales para poder ser nombrado
para el puesto de trabajo correspondiente, dicho de esta manera supondría
una discriminación contra la igualdad que preconiza el artículo 14
de la Constitución, aun cuando expresamente no se mencione este motivo
que, no obstante, tendría cabida en la cláusula general de su párrafo
último. Además, chocaría también con la ley orgánica penitenciaria alegada
por el denunciante.
Sin embargo, no se puede negar el derecho de la Administración o,
en este caso, de la Empresa Municipal de Transportes, para conocer cuál
es la situación que a este respecto mantiene el concursante, pues ya se
sabe que el Código Penal establece determinadas penas privativas de
derechos, entre las que se encuentran la de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio..., por lo
que es lógico saber si la persona seleccionada se encuentra o no inha­
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