documento - Defensor del Pueblo

15/2000 RECOMENDACIONES
vocatoria a que se refiere, en momento adecuado para instar su participación
en las correspondientes pruebas selectivas.
La tramitación que de la citada queja se ha efectuado ante la Consejería
de Educación y Ciencia, de la Junta de Andalucía, y ante la Dirección
General del Boletín Oficial del Estado han permitido constatar, de
una parte, que la citada Consejería, una vez publicada la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, atendiendo a lo establecido
en el artículo 12 del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, sobre
ingreso y adquisición de especialidades en los cuerpos docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, procedió, eldía 12 de abril siguiente, a la remisión
de la citada resolución para su publicación enel Boletín Oficial del Estado,
así como que la misma tuvo entrada en el Boletín Oficial del Estado
el día 22 de abril, remitida por esa Dirección General que, de acuerdo
con las facultades que le atribuye el Real Decreto 1511/1986, de 6 de
junio, determinó que su publicación debía producirse «antes del 30 de
abril de 1999», procediéndose por parte del Boletín a la inserción dela
resolución dentro del plazo señalado.
De todo lo anterior parece desprenderse, en definitiva, que la Administración
educativa autora de la resolución procedió a la remisión de
la misma a efectos de su publicación enel Boletín Oficial del Estado
en fechas razonablemente próximas a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y respecto del comienzo
del plazo de presentación de solicitudes, así como que los términos temporales
en que esa Dirección General procedió, a los mismos efectos,
a su envío al Boletín Oficial del Estado y a ordenar su inserción enel
mismo son indicativas de un cumplimiento meramente formal del mandato
reglamentario que en orden a la publicación de la mencionada resolución
se deriva del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, ya mencionado, pero
ajeno a la finalidad obviamente pretendida por la referida disposición
al ordenar la publicación enel Boletín Oficial del Estado de las convocatorias
para ingreso en la función pública docente que realicen las
Administraciones educativas autonómicas o, alternativamente, de anuncios
relativos a las mismas, que no puede ser otra que garantizar su
difusión a través del diario oficial del Estado español en términos que
permitan su conocimiento por las personas interesadas y en tiempo adecuado
para que puedan instar su participación en las pruebas correspondientes.
Esta Institución, tomando en consideración cuanto queda expresado,
y en uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 30.1 de
la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ha considerado
preciso formular a V. I. la siguiente recomendación: «Que por
44