documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 19/2000
en base a lo dispuesto en el artículo 49.1 del Texto Refundido del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales (RCL, 1981, 275, 651, y ApNDL, 7268),
proceder a la comprobación real de los bienes y derechos transmitidos,
por los medios establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria,
pero la ley no la habilita para hacerlo reiteradamente, hasta que alguna
vez acierte, sino que el ejercicio de comprobación sólo puede realizarse
una sola vez, como una sola vez puede solicitar la comprobación contradictoria
el contribuyente.»
Para el Tribunal Superior de Justicia en este y otros pronunciamientos
que la propia Sala cita, sólo es lícito que el órgano económico-administrativo
acuerde la retroacción de las actuaciones procedimentales, cuando
la parte lo solicite expresamente, pues de otro modo se produce una dilación
indebida en la resolución de fondo, se habilita a la Administración
a que compruebe un valor hasta que finalmente acierte, se traslada al
contribuyente la carga de volver a recurrir y, en definitiva, se vulnera
el derecho a la tutela judicial efectiva.
El planteamiento expuesto impide, en consecuencia, compartir la justificación
ofrecida por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla-La Mancha a la resolución objeto de la queja, no obstante lo
cual, subsiste el problema fundamental: si el Tribunal Económico-Administrativo
no podía confirmar el valor comprobado por la Administración
por un defecto de motivación y tampoco la declaración de valor del
reclamante por falta de prueba ¿cómo dictar la resolución de fondo solicitada?
La respuesta a esta cuestión viene dada por el propio Reglamento
de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas
cuyo artículo 94.4 dispone que: «también podrá acordarse de oficio la
práctica de pruebas que se estimen necesarias para dictar resolución».
Desde luego, el tenor literal del precepto apunta a lo que, en principio,
debe ser interpretado como una mera facultad del órgano económico-administrativo,
pero si el reclamante, como en el presente caso, ha solicitado
una decisión de fondo, una confirmación del valor que en su día declaró,
tal facultad necesariamente tiene que ser ejercida, se traslada desde el
ámbito discrecional del órgano de resolución al ámbito de la garantía
o tutela que necesariamente tiene que ser satisfecho.
Podrá alegarse que el reclamante pudo proponer y practicar prueba
al amparo del número 3 del artículo 94, pero no cabe olvidar que la persona
que reclama no es perita en leyes, que desconoce el alcance jurídico
de sus acciones y omisiones en el procedimiento, pero espera, puesto
que en ocasiones tiene que agotar hasta dos instancias antes de poder
recurrir ante los tribunales, una decisión de fondo sobre lo pedido.
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