documento - Defensor del Pueblo

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sidera que el vínculo familiar está insuficientemente garantizado, ni tampoco
se le requiere para que aporte documentos o testimonios que puedan
demostrar su situación y la validez de su petición.
En el informe que ahora se remite por esa Dirección General y respecto
a la motivación de las resoluciones, se considera que, en este caso,
similar a otros muchos tramitados por esta Institución, el Consulado
correspondiente motivó la denegación al expresar, además de que el vínculo
familiar estaba insuficientemente garantizado, que no se cumplían
los requisitos del artículo 27.2 del Real Decreto 155/1992, de 2 de febrero.
A este respecto, esta Institución considera que la motivación de estas
resoluciones no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
acuerdo con la interpretación que sobre la motivación de los actos administrativos
efectúa el Tribunal Supremo, en el sentido de dar a conocer
al destinatario las auténticas razones de la decisión que se adopta y permitir
frente a ella la adecuada defensa, haciendo una remisión concreta
a los informes y documentación obrantes en el expediente.
Así, la Sentencia de 5 de mayo de 1999, de la Sección 4. a de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, establece en su
Fundamento de Derecho Segundo que «... no puede excusarse la Administración
de motivar sus decisiones, sin que la expresión “sucinta referencia
a los hechos y fundamento de derecho” que contiene el artículo 43
de la Ley de Procedimiento Administrativo pueda relevarla de dar suficiente
expresividad a la misma, no bastando con una genérica remisión
al contenido de preceptos legales —salvo que su interpretación sea diáfana—,
porque esa circunstancia no evita la indefensión del solicitante,
que no puede llegar a conocer la razón cabal de la negativa ni, consiguientemente,
argumentar con eficacia la impugnación de esa denegación».
Por su parte, la Sentencia de 12 de mayo de 1999, de la Sección 3. a
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, establece,
en su Fundamento de Derecho Quinto:
«El sometimiento de la actuación administrativa a “la ley y al derecho”,
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el control
que corresponde a los Tribunales de la legalidad de la acción administrativa
y de ese sometimiento a la Ley demandan la motivación delos
actos administrativos en garantía de la seguridad jurídica, de la igual
aplicación de la ley y del derecho a la igual protección jurídica (arts. 9.1
y 103.1 de la Constitución). Pero con independencia de estas funciones,
esta Sala viene reiteradamente insistiendo en la necesidad de que el admi­
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