documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 31/2000
finalidad: proporcionar empleo temporal conforme al orden en aquél establecido,
haciendo coincidir así el proceso de contratación con el procedimiento
de selección, y todo ello, con el orden de preferencia establecido.
Si se pasa al segundo de los aspectos a tratar, será preciso recordar
que el silencio administrativo negativo es una técnica cuya finalidad radica
precisamente en la protección de los intereses del ciudadano, tratándose
de evitar, mediante la aplicación de esta figura, que la inactividad de
la Administración cierre el acceso a la vía jurisdiccional y provoque la
indefensión del interesado. Por ello, el silencio administrativo es una ficción
legal que habilita al interesado para acudir a la vía jurisdiccional,
pero ello no excluye, en modo alguno, el deber de la Administración de
dictar una resolución expresa.
En consecuencia, el silencio administrativo negativo actúa en beneficio
exclusivo del ciudadano y a los solos efectos procesales. Sin embargo,
ni la Administración puede «aplicar el silencio administrativo», o, en otras
palabras, optar por resolver expresamente o dejar de hacerlo, ni ampararse
en una pretendida «aplicación» de dicha técnica para justificar la
omisión del deber de dictar una resolución expresa.
A este respecto, resulta inequívoco lo dispuesto por el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación
a todas las Administraciones Públicas, que establece la obligación
de dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por
los interesados.
En mérito a lo expuesto, y en uso de las atribuciones que le vienen
conferidas por el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
esta Institución remite a esa Dirección Provincial la siguiente:
Recomendación: «Que se dicten las instrucciones, al objeto de que
la información sobre las altas y bajas en las contrataciones del personal
temporal se cursen a la unidad encargada de la contrataciónenelmomento
de producirse o, en su caso, en el menor tiempo posible, a fin de guardar
el orden establecido en el listado de contrataciones temporales» y
Recordatorio del deber de citar resolución expresa sobre las reclamaciones
y recursos interpuestos por los ciudadanos, conforme a lo previsto
por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 8 de mayo de 2000.
Recomendación dirigida al Director Provincial del Instituto
Nacional de la Salud en Salamanca.
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