documento - Defensor del Pueblo

14/2000 RECOMENDACIONES
Sentado lo anterior, la inclusión de este requisito y la valoración de
dicha contestación implican, según el criterio de esta Institución, que se
han vulnerado los preceptos legales a los que debe acomodarse la selección
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, debe indicarse que en el artículo 19 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y en el artículo 29, en relación con el artículo 4 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se señala que todos los procedimientos
de selección de personal, tanto funcionario como laboral, se realizarán
mediante convocatoria pública, garantizándose, en todo caso, los principios
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Conforme a estos preceptos, los mencionados principios de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad, son aplicables no sólo a
la selección del personal funcionario, sino también a la del personal laboral,
debiendo añadirse que el artículo 35 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, reitera la aplicación de los repetidos principios de mérito
y capacidad a las pruebas de selección del personal laboral de carácter
no permanente, estableciéndose en el artículo 1.3 el carácter supletorio
de la norma para las distintas Administraciones Públicas.
Ya en el ámbito específico de la Administración Local, el artículo 91
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se refiere a la aplicación de los mencionados principios de igualdad,
mérito y capacidad, así como de publicidad, en la selección del personal,
tanto funcionario como laboral.
Por su parte, el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se remite, en cuanto a la selección del personal laboral,
al artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la cual, a su vez, se remite
al mencionado artículo 91 de dicha Ley, además de indicar que la selección
del personal laboral se realizará con el máximo respeto al principio de
igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.
Pues bien, el análisis de los requisitos exigidos para participar en
las pruebas selectivas convocadas por ese Ayuntamiento en fecha 24 de
febrero de 1998 y de los factores contemplados en el baremo de méritos
recogidos en las bases de la convocatoria correspondiente muestra que
algunos de ellos no se acomodan a los citados principios de igualdad,
mérito y capacidad.
A este respecto, es preciso aludir, en primer lugar, al requisito de
no exceder de cincuenta y cinco años de edad en el momento de finalización
del plazo de presentación de instancias.
En efecto, de lo dispuesto en el artículo 135 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, parece deducirse la existencia de una limi­
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