documento - Defensor del Pueblo

50/2000 RECOMENDACIONES
Por cuanto antecede, esta Institución, en uso de las facultades que
le confiere el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo, formula a V. E. la siguiente recomendación:
«Primera. Que se impartan las instrucciones oportunas para:
a) Realizar los ingresos en régimen de internado, conforme a lo establecido
en los artículos 211 y 171.1 del Código Civil, procediendo, en consecuencia,
a exigir la autorización judicial, en el caso de que el usuario
no esté en condiciones de decidir por sí mismo el internamiento, así como
reservando, en consecuencia, la aplicación del procedimiento previsto para
casos de urgencia en el primero de estos preceptos a los supuestos en
que sea realmente imprescindible. Asimismo, que se regularicen los posibles
ingresos involuntarios ya producidos en los que no conste la autorización
judicial.
b) Suprimir la práctica que pudiera existir en estos centros, consistente
en admitir que los padres o tutores puedan prohibir las salidas
de los residentes, así como, en su caso, impedir o restringir las visitas
que puedan recibir, dado que las referidas limitaciones requieren, conforme
se señala en la Instrucción 3/1990, de 7 de mayo, de la Fiscalía
General del Estado, la intervención judicial.
Segunda. Que se impartan las instrucciones oportunas para que la
utilización de las salas de aislamiento que pudieran existir en los centros,
así como de los medios mecánicos de contención, se acomoden a las
siguientes causas:
a) Las actuaciones para la utilización de estos medios de coerción
deben estar protocolizadas por escrito.
b) Su uso debe reservarse a casos absolutamente excepcionales,
como última medida, en los que no haya otra alternativa y si existe peligro
para el usuario o para otras personas.
c) Su utilización debe hacerse por el tiempo estrictamente imprescindible.
d) La decisión debe adoptarse previa prescripción escrita de un
facultativo médico o de un especialista en psicología, salvo en caso de
urgencia, en los que deberá comunicarse a la mayor brevedad a estos
especialistas, para su control y supervisión.
e) La medida debe ser objeto de revisión periódica para procurar
su supresión y la utilización de tratamientos alternativos de otra naturaleza.
f) Salvo que se trate de hechos esporádicos y excepcionales, la utilización
de estos medios coercitivos debe ponerse en conocimiento de la
autoridad judicial, con el dictamen médico o psicológico correspondiente,
dado que, conforme se expresa en la Instrucción 3/1990, de 7 de mayo,
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