documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 88/2000
— Concretar la forma en la que deben aplicarse y el tiempo que
deben durar los medios de contención ante situaciones de violencia generadas
por los jóvenes.
En este punto sería deseable que, al igual que en el caso anterior
y de forma similar a lo que sucede con los adultos, se establezca la necesidad
de notificar al juez de menores cada situación en la que ha sido
necesaria la utilización de medios de contención. De esta forma, la normativa
española se adaptaría a lo que dispone la Regla 64 de las aprobadas
el 14 de diciembre de 1990 por Naciones Unidas para la protección de
los menores privados de libertad.
— Completar el marco de garantías que el artículo 60 de la Ley enumera
respecto del régimen disciplinario que afecta a los jóvenes internados.
En relación con este apartado, debe señalarse que el Tribunal
Constitucional, entre otras en su Sentencia 39/1997, ha declarado que
tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a internos en centros
penitenciarios (adultos), el conjunto de garantías se aplica con especial
rigor, al considerar que la sanción supone una grave restricción dela
ya restringida libertad.
Una de las deficiencias más evidentes que de forma reiterada ha sido
puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo, especialmente en el
informe elaborado en 1991, sobre la situación del menor en centros asistenciales
y de internamiento, se ha referido siempre a la distinta forma
en que en cada centro se aplicaba el régimen disciplinario, sobre todo
cuando se trataba de hacer cumplir la sanción de aislamiento.
En estos momentos, según se ha podido comprobar en las visitas realizadas,
la situación ha mejorado considerablemente respecto a los datos
que existían en 1991, no obstante, todavía siguen produciéndose situaciones
que reflejan distintas formas de cumplir la sanción de separación
del grupo. En algunos centros, esta sanción implica la limitación del derecho
del menor a recibir enseñanza obligatoria, en otros casos, se le suprimen
las visitas y el tiempo de paseo es diferente, según cada centro.
La situación actual no se ajusta a lo que dispone la Regla 67 de las aprobadas
por Naciones Unidas con fecha 14 de diciembre de 1990, para la
protección de los menores privados de libertad.
Respecto de la sanción de separación del grupo, el futuro reglamento
debería establecer el tipo de asistencia médica que los menores deben
recibir en esta situación, así como la aprobación judicial de esta sanción,
especialmente en aquellos casos en los que la duración sea mayor.
— Por último, el futuro Reglamento deberá determinar los permisos
ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar el menor internado.
Así lo recoge el artículo 55.3. o de la expresada Ley. De igual forma,
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