documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 82/2000
No obstante, ante la lamentable falta de desarrollo reglamentario de
la Ley Orgánica 4/2000 se produce la necesidad de reinterpretar las normas
de este rango de manera acorde a la nueva ley; en particular, deben
dejarse de aplicar todas aquellas normas reglamentarias que entren en
colisión con la Ley Orgánica; quedando sometido el Reglamento anterior
a las mismas condiciones de legalidad y a los mismos límites que si fuera
un Reglamento de nuevo cuño.
La remisión por la Ley al Ejecutivo para que desarrolle en vía reglamentaria
todos o alguno de sus preceptos supone, evidentemente, el necesario
respeto a los mismos de la norma reglamentaria que al efecto se
dicte. Pero el respeto a las normas de la ley no pasa de ser un límite
de carácter negativo y, contra lo que a primera vista parece, de alcance
bastante impreciso. Quizá por ello, la jurisprudencia se ha preocupado
de puntualizar y desarrollar el contenido de este límite general, fijando
la frontera que separa el mero desarrollo de una ley de su vulneración
o desvirtuación.
Los criterios de principio sentados por la jurisprudencia son bastante
estrictos, como lo demuestran las siguientes frases extraídas de las tres
principales sentencias sobre el particular: los reglamentos «deben limitarse
a establecer las reglas o normas precisas para la explicitación, aclaración
y puesta en práctica de los preceptos de la ley, pero no contener
mandatos normativos nuevos y, menos, restrictivos de los contenidos en
el texto legal» (STS de 12 de febrero de 1983, Ar. 836); «el desarrollo
debe comprender todo lo indispensable para asegurar una correcta aplicación
o, lo que es lo mismo, establecer las reglas precisas para la explicitación,
aclaración o puesta en práctica de los preceptos de la ley, pero
no introducir mandatos nuevos y, menos, restrictivos de los contenidos
en el texto legal» (STS de 18 de diciembre de 1984, Ar. 6690); «las disposiciones
reglamentarias deben limitarse a establecer normas de explicitación,
aclaración y precisión conceptual para obtener y lograr la correcta
aplicación y plena efectividad de la ley que desarrollan, estándoles
vedado el establecimiento de unos nuevos mandatos normativos, extensivos
o restrictivos de los contenidos en la ley, salvo aquellos meramente
organizativos o procedimentales, que no atenten al contenido normativo
de carácter esencial del texto legal» (STS de 16 de junio de 1986, Ar. 3250).
Junto a ellas, un considerable número de fallos ha venido declarando
la ilegalidad que se produce cuando la norma reglamentaria restringe
en cualquier forma las situaciones, limitando un derecho, ampliando una
carga u obligación, restringiendo una posibilidad o imponiendo un nuevo
requisito.
En este sentido, el informe de esa Dirección General mantiene como
un criterio incondicionado la exigencia, para el ejercicio del derecho de
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