documento - Defensor del Pueblo

72/2000 RECOMENDACIONES
Medidas para la Reforma de la Función Pública, desarrollada posteriormente
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, se ha venido insistiendo en que la Administración,
salvo supuestos excepcionales, atendiendo al tenor literal de la disposición
adicional decimonovena de la referida Ley, ha partido de un planteamiento
de mínimos y, en este sentido, resulta habitual que en las sucesivas
convocatorias sólo se reserve un 3 por 100 de las vacantes para ser cubiertas
por personas con minusvalías.
La tramitación de las quejas ha puesto de manifiesto reiteradamente
la insuficiencia de esta medida, de tal forma que sería preciso que en
las ofertas públicas de empleo se estableciese un cupo superior al 3 por
100 fijado como mínimo.
Por lo que respecta al asunto que ha motivado la queja, la Orden
de 2 de diciembre de 1998, por la que se convocaban pruebas selectivas
para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión dela
Administración de la Seguridad Social, estableció un turno de reserva
de discapacitados correspondiente al 3 por 100 de las plazas ofertadas,
ascendiendo el cupo de reserva a dos plazas. Se ha tenido conocimiento
que fueron al menos tres los aspirantes que optaron por dicho cupo.
Como ha reconocido esa Subdirección General, todos los aspirantes
(turno libre y turno de reserva) compitieron en igualdad de condiciones
(idéntico temario y superación de ejercicios), por lo que la pertenencia
a un turno u otro no puede justificar, en modo alguno, la conculcación
de los principios de mérito y capacidad.
En efecto, el señor (...) superó las dos pruebas de que constaba el
proceso selectivo con una puntuación que le situaba entre los veinticinco
primeros en la fase de oposición y entre los cuarenta mejores una vez
superada la fase de concurso, por lo que en estricto cumplimiento de
los principios de mérito y capacidad le correspondía obtener una de las
setenta plazas a cubrir.
Las actuaciones llevadas a cabo por ese organismo en el presente
caso han determinado, en el criterio de esta Institución, no sólo la conculcación
de los principios anteriormente aludidos, sino que, a mayor
abundamiento, se ha obtenido un resultado radicalmente opuesto al fin
que se persigue con la reserva de cupo para discapacitados, esto es, compensar
la peor situación de partida que éstos encuentran a la hora de
afrontar las pruebas selectivas. De este modo se ha vulnerado claramente
el mandato que el artículo 49 de la Constitución Española dirige a los
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