documento - Defensor del Pueblo

87/2000 RECOMENDACIONES
de haber estado esperando diecinueve años, ahora no reciben ninguna
indemnización para paliar las consecuencias que padecieron.
A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que los ciudadanos
que han acudido a este órgano constitucional han visto vulnerada en
mayor o menor grado su integridad física, desde el Defensor del Pueblo
se estima que el problema transciende de lo estrictamente judicial y debiera
ser resuelto en la medida de lo posible desde el órgano competente
dentro de la Administración, evitando que las personas afectadas tengan
que iniciar de nuevo procedimientos administrativos o judiciales que les
permitan verse resarcidas de los perjuicios que sufrieron. De esta forma
los poderes públicos estarían dando una respuesta adecuada a un grupo
importante de consumidores (art. 51 de la Constitución) que hace diecinueve
años vieron gravemente dañada su salud.
El concepto de Administración pública que proclama la Constitución
Española de 1977 y que ha desarrollado la Ley que regula su régimen
jurídico es un concepto en el que esa Administración sirve como instrumento
para promover que los derechos de los administrados sean reales
y efectivos. En este sentido la Ley 30/1992, en su artículo 88, ha
establecido fórmulas convencionales que podrían servir de base para
lograr acuerdos con cada uno de los afectados estudiando las especiales
circunstancias que concurren en cada caso, y de esa forma conseguir
que reciban las indemnizaciones que les corresponden, sobre todo teniendo
en cuenta que los criterios indemnizatorios están ya marcados por
una resolución judicial. Faltaría únicamente por concretar en qué medida
cada una de esas personas ha sido o no afectada a la vista de la abundante
documentación que poseen. Documentación que, en muchos casos, ha sido
facilitada por la Administración sanitaria.
La posibilidad señalada en el anterior párrafo, ni dificulta ni entorpece
la actividad jurisdiccional que está desarrollando en estos momentos la
Audiencia Nacional y supone además que la Administración desde la más
estricta legalidad hace frente y reconoce de forma efectiva los derechos
de unos ciudadanos que llevan esperando durante diecinueve años que
se les indemnicen los perjuicios que sufrieron.
Por todo lo anterior, esta Institución, al amparo del artículo 30 de
su Ley Orgánica reguladora y en la medida en que la cuestión expuesta
afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, ha
valorado la conveniencia de dar traslado a V. E. de la siguiente recomendación:
«Que haciendo uso de la facultad legal que a esa Administración
confiere el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y previas las comprobaciones oportunas se
ofrezca a las personas que en su día resultaron afectadas por el consumo
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