documento - Defensor del Pueblo

13/2000 RECOMENDACIONES
el 24 de enero de 1990 admitir la renuncia a la asistencia sanitaria prestada
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como causa justificativa
del alta en ese instituto a los solos efectos de asistencia sanitaria,
para quienes reuniendo la condición de doble pensionista de viudedad
u orfandad en el Régimen General de la Seguridad Social y en el de
clases pasivas opten por la prestación sanitaria que concede ese instituto.
Por lo que se refiere al caso concreto de la compareciente, se manifiesta
que ésta figuraba inicialmente afiliada a ese instituto como beneficiaria
de su cónyuge con cobertura total, es decir, asistencia sanitaria
y social, pero que, tras el fallecimiento del titular, no reunía los requisitos
exigidos en el artículo 66.2 del Reglamento General de la Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas para acceder a la condición de beneficiario de
la acción protectora del régimen especial, ya que tenía derecho a las
prestaciones de asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad
Social en su condición de pensionista de dicho régimen. No obstante,
al acreditar la interesada su baja en el Régimen General de la Seguridad
Social, se permitió, en virtud de lo previsto en el acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno de ese instituto el 24 de enero de 1990, su continuidad
en dicho régimen especial a los solos efectos de asistencia sanitaria,
con exclusión, por tanto, de la asistencia social.
En relación con el contenido de dicho informe, hemos considerado
necesario realizar las siguientes consideraciones:
Tanto el artículo 66.2 del Reglamento General de la Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 2330/1978, de 29
de septiembre, como el artículo 2 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre,
hacen referencia exclusivamente a la asistencia sanitaria, por lo que
no se puede concluir de lo previsto en dichas normas que para ser beneficiario
de la acción protectora de ese instituto, que incluye la asistencia
sanitaria y la social, se requiere no tener derecho a recibir asistencia
sanitaria a través de alguno de los otros regímenes de la Seguridad Social.
Ateniéndose a lo previsto expresamente en dichos preceptos habría que
limitarse a considerar que para ser beneficiario de la asistencia sanitaria
de ese instituto, que no incluye la asistencia social, se requiere no tener
derecho a recibir asistencia sanitaria a través de alguno de los otros regímenes
de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al caso planteado, a la interesada se le había
reconocido una ayuda económica por asistencia a domicilio desde el 30
de enero de 1995, inicialmente como beneficiaria de su marido y posteriormente
como titular, tras el fallecimiento de éste el 24 de octubre
de 1996. Dicha ayuda, que se renovó en 1996 y 1997, fue denegada en
1998 al considerar que la interesada estaba afiliada a los solos efectos
de asistencia sanitaria, en virtud de lo previsto en el acuerdo de la Junta
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