documento - Defensor del Pueblo

79/2000 RECOMENDACIONES
No obstante lo anterior, el Defensor del Pueblo, también al amparo
del citado precepto legal, se encuentra legitimado para investigar los problemas
generales de las quejas, por lo que es necesario analizar en este
supuesto si la baremación establecida en el proceso selectivo de referencia
se acomoda a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En efecto, los procedimientos de selección de personal, tanto funcionario
como laboral, se realizarán mediante convocatoria pública garantizándose
los principios de igualdad, mérito y capacidad, así comoelde
publicidad, según determina el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
Los citados principios son aplicables, conforme a las normas anteriormente
citadas, no sólo a la selección de personal funcionario, sino
también a la del personal laboral, ya sea de carácter fijo, ya no permanente
o temporal.
Sentado lo anterior, se ha de concluir que las circunstancias socioeconómicas
contempladas en la convocatoria para la selección de personal
para la bolsa de trabajo del Complejo Sanitario Provincial de Plasencia,
esto es, situación de desempleo, miembros de la unidad familiar que no
trabajan o primer empleo, no constituyen un factor objetivo y razonable
que justifique una mayor capacidad y, por consiguiente, un trato más
favorable a los aspirantes que los reúnan y tomen parte en el proceso
selectivo para acceder a la bolsa de trabajo. Así, las circunstancias descritas
(desempleo, situación económica o cargas familiares) no constituyen
factores que demuestren un mayor mérito o una mayor capacidad de
los aspirantes ya que éstos son elementos totalmente ajenos al mérito
y la capacidad de los aspirantes.
Asimismo, la valoración como mérito de la residencia en la provincia
de Cáceres resulta incompatible con los principios constitucionales anteriormente
citados. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha declarado
que la residencia no constituye una circunstancia relevante para los fines
propios del acto de selección, ya que carece de influjo determinante en
la calidad profesional de los aspirantes. Por ello, la circunstancia de residir
en una determinada ciudad o municipio no es incluible en la previsión
que, respecto de los principios de mérito y capacidad, se establece en
el artículo 103.2 de la Constitución, y en consecuencia, al no tener una
justificación objetiva y razonable en orden a la observancia del principio
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