documento - Defensor del Pueblo

76/2000 RECOMENDACIONES
Esta Institución efectuó una consulta a la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación de Murcia, donde el señor (...) había solicitado
la renovación de su permiso, siéndonos participado que su permiso
había sido renovado una semana antes y que no se había podido proceder
a su grabación en el sistema informático por la acumulación de trabajo
en dicha oficina.
Por ello y una vez que funcionarios de la Comisaría de Barajas comprobaron
este extremo, se permitió la entrada del señor (...) en territorio
nacional.
Sin perjuicio del resultado final de este caso concreto, esta Institución
considera necesario dar traslado a V. I. de las siguientes consideraciones:
Respecto a que el señor (...) no portaba documentación válida para
su entrada en territorio nacional al no ser portador de visado, significar
que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, establece en su
artículo 23.2 que el citado documento no será exigible cuando el extranjero
sea titular de una autorización de residencia en España o documento
análogo que le permita la entrada en territorio español.
Por su parte, el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, establece
en su artículo 20.3, aquellos casos en los que no se precisará visado para
la entrada.
sí:
En este sentido, se establecen cuatro supuestos, independientes entre
a) Titulares de un permiso de residencia.
b) Titulares de una autorización provisional de residencia.
c) Titulares de una tarjeta de acreditación diplomática.
d) Titulares de una autorización de regreso prevista en el artículo
19.6 del Reglamento.
Este apartado 3 exige que dichas autorizaciones o permisos estén
vigentes en el momento de solicitar la entrada.
Por lo que se refiere a la validez de su permiso de residencia, el
artículo 59.5 es claro al respecto al establecer que «el resguardo de solicitud
de renovación prorroga la validez del permiso anterior y surte los
mismos efectos de éste exclusivamente en materia de legislación de inversiones
extranjeras y de permanencia».
Nos encontramos, pues, con un ciudadano extranjero, cuya situación
en España es de absoluta legalidad, que ha solicitado una autorización
de regreso, que por causas ajenas a su voluntad ha caducado y que iba
a ser inadmitido porque no se había efectuado una grabación en el sistema
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