documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 35/2000
y que se cuente con viviendas disponibles, habría que proceder necesariamente
a autorizar tal cambio.
De lo expuesto se puede concluir que se observa insuficiencia en las
previsiones normativas existentes sobre la transparencia del proceso de
tramitación de las solicitudes de cambio de vivienda y sobre los actos
que se produzcan en el mismo.
Parece lógico que, en este marco, los peticionarios deberían conocer
al menos cuatro aspectos del procedimiento:
1) El reconocimiento de que, en efecto, se cumplen los requisitos
estipulados para poder aceptar la solicitud de cambio de vivienda.
2) Cuál eselnúmero de viviendas disponibles en el cupo dispuesto
para tal fin.
3) Cuáles han sido los cambios resueltos favorablemente yaqué
peticionarios han correspondido.
4) Qué posibilidades les asisten de que su solicitud sea atendida.
La necesaria seguridad jurídica en estos procedimientos pasaría por
el cumplimiento de las premisas expuestas, ya que, como viene sosteniendo
reiteradamente esta Defensoría, las Administraciones Públicas
deben ejercer con el máximo rigor las atribuciones que les otorga la normativa
vigente relativa a la adjudicación de viviendas de promoción pública,
así como a las vicisitudes que se produzcan en relación con las viviendas
sociales.
El Defensor del Pueblo en la presentación y entrega del informe parlamentario
correspondiente a 1997, expuso que después del derecho al
trabajo, el derecho a una vivienda digna es el que más preocupa a los
españoles en una proporción muy superior a los demás derechos fundamentales
y esta Institución, a través de las numerosas quejas recibidas,
viene percibiendo lamentablemente un alto grado de insatisfacción de
los ciudadanos por la efectiva aplicación del derecho a la vivienda que
contempla el artículo 47 de la Constitución.
Lo cierto es que todavía existe un abismo entre el enunciado de este
derecho y su significado estricto en términos jurídicos, es decir, su determinación
a través de normas legales concretas.
La norma no puede ser, en este caso, una nueva cobertura formal,
sino que al mismo tiempo que las estrictas previsiones legales, se deben
tener en cuenta los principios generales del derecho procedimental vigente
para evitar que una actuación se convierta en discrecional, ya que,
precisamente, uno de los fundamentos del Estado de derecho es que cualquier
ciudadano conozca todos los trámites del procedimiento que le afec­
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