documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 72/2000
poderes públicos en apoyo de la política de integración de las personas
disminuidas.
Así las cosas, entendemos que si las personas que optan al turno de
minusválidos superan las pruebas selectivas y acreditan una mayor capacidad
y mérito que otros aspirantes, a pesar de no existir más plazas
en el turno de reserva, es necesario en orden al estricto cumplimiento
de los principios constitucionales mencionados, que se les asigne una plaza
de las incluidas en el turno libre. A sensu contrario, viene siendo práctica
habitual de la Administración, cuestionada desde esta Institución, que
cuando las plazas de reserva no se ocupan por los minusválidos éstas
se acumulan al turno libre. En este sentido, se ha propugnado la conveniencia
de que dichas plazas permanezcan siempre reservadas para
este colectivo, debiendo ser acumuladas a los cupos aplicables en sucesivos
procesos selectivos.
Por otra parte, en el criterio de la Subdirección General, el contenido
de las Bases de referencia conlleva que superados los ejercicios y fase
de concurso, el puesto ordinal de cada uno de ellos en la relación de
aspirantes aprobados debe establecerse en relación y competencias,
exclusivamente, con sus compañeros participantes por el mismo turno.
Al respecto, hemos de manifestar que, según abundante y reiterada
jurisprudencia, las bases de convocatoria de los procesos de selección
se consideran «ley de la convocatoria», por lo que tiene carácter vinculante
tanto para la Administración convocante y sus órganos de selección,
como para todos aquellos que, en la condición de candidatos, participen
en las pruebas consecutivas del respectivo proceso de selección.
Ahora bien, como también ha matizado dicha jurisprudencia, ello no
hay que entenderlo en términos absolutos, porque las convocatorias y
los procesos de selección a que las mismas se refieren han de quedar
también sujetas a otras normas y disposiciones de superior rango que
resulten aplicables, en virtud del principio de jerarquía consagrado en
el artículo 51 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Precisamente el cumplimiento formal de las bases de la referida
convocatoria, en concreto las bases 3.8 y 3.9, ha supuesto la vulneración
de los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el
artículo 103 de la Constitución Española.
En mérito a lo expuesto, y con fundamento en las argumentaciones
reseñadas, esta Institución, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, ha resuelto dirigir
a V. I. las siguientes:
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