documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES
Recomendación 16/2000, de 8 de febrero, sobre atribuciones profesionales
de los ingenieros técnicos de obras públicas que prestan
servicios en la Administración general del Estado.
(BOCG. Cortes Generales. VII Legislatura. Serie A. Núm. 201,
pág. 235.)
Se acusa recibo de su escrito, que tuvo entrada en esta Institución
el día 29 del pasado mes de noviembre, adjuntando informe emitido por
la Secretaría General Técnica de ese Ministerio, en relación con la queja
arriba referenciada.
A la vista del contenido del referido informe, esta Institución seve
en la obligación de someter a V. I. las siguientes consideraciones como
fundamento de la resolución con la que se concluye esta comunicación.
Primera. El objeto de la presente queja, presentada por el Presidente
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, versa sobre
el desfase existente entre el régimen de atribuciones de los Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas que como tales prestan servicios a la Administración
pública en los correspondientes cuerpos de funcionarios, y la
evolución que dicho régimen ha tenido en el sector privado, especialmente
a partir de la Ley 12/1986, de 1 de abril, modificada por la Ley 33/1992,
de 9 de diciembre, reguladora de las atribuciones profesionales de los
arquitectos e ingenieros técnicos.
Segunda. En efecto, la ley mencionada sienta como criterio básico
que los profesionales en cuestión tengan «plenitud de facultades y atribuciones
en el ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva
especialidad técnica» (art. 1.1), criterio que se desarrolla a continuación
(art. 2.1), concretando dichas atribuciones en las siguientes:
«a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en sus
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