documento - Defensor del Pueblo

87/2000 RECOMENDACIONES
toda vez que fallecidos éstos, aquéllos empiezan a expresar su malestar
por la lentitud con la que vienen entregando las cantidades que les corresponden.
Al margen de las actuaciones que se realizan en relación con la lentitud
de la ejecución, desde hace algunos meses, vienen recibiéndose periódicamente
quejas en las que diferentes ciudadanos y asociaciones de consumidores
ponen de manifiesto cómo en su día padecieron las consecuencias
derivadas del consumo de aceite de colza adulterado y debido a ello
fueron reconocidos como enfermos del síndrome tóxico por la Administración
sanitaria y, sin embargo, en estos momentos la Audiencia Nacional
no les considera perjudicados por no aparecer sus nombres en las «listas
o anexos» que constan en el procedimiento judicial.
El número de personas contabilizadas por esta Institución que se
encuentran en esa situación asiende, en estos momentos, a 57 aunque,
según alguna noticia aparecida en los medios de comunicación, ese colectivo
puede superar la centena. Las circunstancias que concurren en esos
enfermos hacen que su preocupación e indignación sea máxima si se tiene
en cuenta que la mayoría de ellos cuentan con la cartilla sanitaria para
los afectados del síndrome tóxico que en su momento expidió el Plan
Nacional para el Síndrome Tóxico. En otros casos las personas a las
que no se les reconoce judicialmente su condición de perjudicado disponen
de certificaciones expedidas por la Oficina de Gestión de Prestaciones
Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, en las que aparece que han
«percibido o causado el derecho a percibir» determinadas prestaciones
como consecuencia de ser afectados por el consumo de aceite adulterado.
Existe también algún caso en el que a determinados miembros de una
misma familia se les reconoce judicialmente como perjudicados, puesto
que aparece en las «listas oficiales», y a otros no, cuando la familia en
su conjunto fue atendida médicamente y todos sus miembros han venido
recibiendo las ayudas que la Administración ha establecido para cada
momento. Hay algún caso límite en el que los que ahora no aparecen
en esas «listas oficiales» han sido reconocidos por el médico forense del
órgano judicial que en su día instruyó el proceso.
Debido a todo lo anterior desde el Defensor del Pueblo se dio traslado
de cuanto se acaba de exponer a la Comisión Interministerial de seguimiento
de las medidas en favor de las personas afectadas por el síndrome
tóxico. Desde la citada Comisión se participó que la misma carecía de
competencias para hacer frente a los casos que se le remitieron, ya que
daba la transcendencia económica y social de ese problema la resolución
del mismo debería realizarse en el más alto nivel de la Administración
General del Estado.
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