documento - Defensor del Pueblo

92/2000 RECOMENDACIONES
camente, a pesar de que desde dichos centros se insta, en algunas ocasiones,
sus internamientos en los departamentos de psiquiatría correspondientes,
al amparo del artículo 211 del Código Civil. Según la información
obtenida en los dos centros visitados, la estancia de esas personas
en dichos departamentos suele ser muy breve, siendo también frecuente
que de nuevo las mismas vuelvan a ingresar en prisión por cometer nuevos
hechos delictivos.
Además del problema apuntado, las enfermedades que padecen estos
internos y la imposibilidad de gobernarse por sí mismos pueden generar
otro tipo de problemas para el hospital psiquiátrico penitenciario que
les custodia, especialmente en aquellos casos en los que es necesario contar
con su consentimiento, bien para someterse a tratamientos médicos
agresivos o arriesgados para su salud o bien para realizar actos de gestión
o de administración de su patrimonio.
A la vista de todo lo anterior, puede afirmarse que en estos momentos
no se está cumpliendo la previsión legal que se contempla en el artículo
203 del Código Civil (en el futuro art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, aprobada por Ley 1/2000, de 7 de enero, que entrará en vigor el
próximo día 7 de enero de 2001). Dicho precepto impone a las autoridades
y funcionarios públicos la obligación de poner en conocimiento del Ministerio
Fiscal la existencia de posibles causas de incapacitación de aquellas
personas a las que conozcan por razón de su cargo.
El proceso de incapacitación que afecta a los internos de los Hospitales
Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla tiene un claro interés
general en cuanto a que afecta al estado civil de cada uno de ellos. La
inactividad de los familiares de esas personas, así como la de los funcionarios
que conociendo las enfermedades y deficiencias de los internos
no las ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal crean de hecho una
situación de abandono y desamparo a quienes padecen tales limitaciones
que les impiden gobernarse por sí mismos. El actual artículo 203 del
Código Civil, así como el futuro artículo 757 de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil transforman la facultad que tiene cualquier persona para
poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de una posible
causa de incapacitación, en un deber, que recae sobre las autoridades
o funcionarios públicos.
En atención a todo lo anterior, esta Institución, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 de su Ley Orgánica reguladora y en la medida
que la cuestión expuesta afecta a derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos, ha acordado remitir a V. I. la presente recomendación,
para que:
«1. o Por esa Dirección General se den las órdenes oportunas, a fin
de que desde los centros penitenciarios se ponga en conocimiento del
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