documento - Defensor del Pueblo

88/2000 RECOMENDACIONES
que se crearán, por ello su ubicación estará en otra sede judicial, en
la que a su vez no tendrán cabida las instalaciones en las que estarán
los miembros del Ministerio Fiscal. Estos últimos tendrán, al igual que
los juzgados, varias sedes diferentes, alejadas unas de otras y sin posibilidad
de contar en todas ellas, debido a los problemas de espacio, con
equipos técnicos.
La premura y urgencia con la que se está abordando la dotación de
medios, para que la Ley Orgánica 5/2000 pueda entrar en funcionamiento
el 13 de enero de 2001, hacen que esta Institución considere muy aconsejable
una moratoria en su entrada en vigor, más todavía si se tiene
en cuenta que en estos momentos el Parlamento tramita dos proyectos
de la Ley que afectan de forma directa al contenido de la misma.
Estos dos proyectos de ley inciden en la Ley Orgánica 5/2000, tanto
en aspectos procesales como sustantivos. Todavía no se conoce con exactitud
cuál será la ubicación exacta de la segunda instancia dentro de la
jurisdicción de menores (Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores
de Justicia). De igual forma en este momento no se sabe cuál será
la duración de la medida de internamiento cuando ésta tenga que ser
aplicada a delitos relacionados con el terrorismo.
Resulta por ello más que probable que la Ley Orgánica 5/2000 será
modificada a menos de un mes para su entrada en vigor y por ello las
previsiones efectuadas por las diferentes Administraciones con competencias
en la materia deberán ser de nuevo adaptadas al nuevo texto.
Para terminar de abordar las repercusiones que la tan citada Ley
genera en la Administración de justicia, hay que señalar que desde el
Consejo General de la Abogacía, para cumplir lo dispuesto en el apartado
3. o de la Disposición Final Cuarta de la Ley, se ha solicitado en
tres ocasiones al Ministerio de Justicia la dotación de medios económicos
para impartir cursos de especialización a los abogados, y tal dotación
todavía no ha sido recibida, razón por la cual no se han podido impartir
los cursos homologados de formación a los que se refiere la mencionada
Disposición Final Cuarta.
3. o Además de las visitas efectuadas, tal y como se indicó al inicio
de este escrito, esta Institución ha mantenido también entrevistas con
familiares de víctimas de hechos delictivos cometidos por menores. También
se han recibido escritos de ciudadanos y de asociaciones en los que
expresan su opinión en relación con la Ley reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
Todo ello ha permitido que esta Institución haya tenido conocimiento
de gran número de inquietudes y preocupaciones. Ante esa situación,
este comisionado parlamentario está en el deber de hacer llegar a ese
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