documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 83/2000
El parámetro que se ha encontrado para determinar esa equitativa
distribución de la carga tributaria, y para medir las distintas situaciones
frente a los tributos no es otro que el de la capacidad económica, ya
que éste es, como se ha indicado, el criterio material de justicia tributaria.
Por tanto, como el artículo 14 de la Constitución establece claramente
que «no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social» y como la residencia es una circunstancia personal
que está incidiendo en el pago de determinadas tasas y precios públicos
de ese municipio, ello implica que la ordenanza fiscal aprobada está produciendo
una discriminación.
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales señala
que «no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales
que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que
las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los
supuestos expresamente previstos por la Ley».
De acuerdo con ello, desconoce esta reserva legal la ordenanza fiscal
que establece unas tarifas reducidas para los sujetos pasivos que son
residentes en ese municipio, ya que actualmente no existe ninguna norma
con ese rango formal que dé cobertura a esa minoración en la cuantía
a pagar.
Tercera. Ni en el artículo 23 de la Ley de Haciendas Locales que
regula el concepto de sujeto pasivo de las tasas ni en el artículo 44 de
la misma que señala quiénes están obligados al pago de los precios públicos,
se hace distinción alguna atendiendo al domicilio de los mismos, por
lo que si una ordenanza realiza esa diferenciación vamás allá de lo permitido
por la Ley, ya que no se acredita ni la mayor complejidad, el
mayor costo, u otro factor intrínseco en la prestación del servicio o utilización
del bien que justifique ese incremento de la tarifa para los foráneos.
En esta línea se ha pronunciado también el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, en Sentencia de 10 de abril de 1991, para
quien, en el caso de autos, consideró que debía prosperar la impugnación
de la Ordenanza de la tasa por el servicio de cementerio municipal, por
señalar distintas cantidades a los nichos y sepulturas, según las personas
en el momento del óbito sean o no vecinos del Municipio, residentes empadronados
o descendientes del Municipio. En este sentido, el citado Tribunal
ha indicado que la diferencia de la cuantía de la tasa y de igualdad
de trato entre ciudadanos «no puede considerarse objetiva ni razonable,
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