documento - Defensor del Pueblo

88/2000 RECOMENDACIONES
cerrado impuesta a los menores infractores. Cada Comunidad Autónoma,
en el ejercicio legítimo de sus competencias, diseña, organiza y gestiona
sus centros, unas veces de forma directa y otras mediante concesión a
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Esa diversidad de situaciones afecta de forma directa a determinados
derechos fundamentales de los jóvenes, motivo por el cual esta Institución
no puede permanecer impasible, ya que en cada centro el nivel de garantías
es diferente. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, supone un
avance considerable respecto al régimen establecido por la Ley Orgánica
4/1992, de 5 de junio. La entrada en vigor el próximo día 12 de enero
de 2001 de la nueva ley precisa necesariamente de la publicación deun
Reglamento, en el que para todo el Estado se regulen aquellos aspectos
que afectan a los derechos fundamentales de los jóvenes.
Los artículos 43.2. o , 55.3. o ,59y60delaLey Orgánica 5/2000, expresamente,
se refieren a un desarrollo reglamentario. El punto número 24
de la exposición de motivos también cita la necesidad de contar con un
Reglamento. El apartado 2. o de la disposición final séptima establece que
las Comunidades Autónomas con competencias adoptarán su normativa
para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga esa Ley. A
juicio de esta Institución, sería compatible la existencia de un reglamento
estatal de desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, y por tanto de aplicación
generalizada a todo el Estado, con la existencia de normas autonómicas
que dicten las distintas Comunidades Autónomas en aquellas materias
que tienen transferidas.
En la ejecución de la medida de internamiento deben diferenciarse,
de una parte, aquellas materias que se refieren a cuestiones organizativas
internas de los centros, incluyendo también a las actividades y programas
que son competencias de las Comunidades Autónomas y, de otra parte,
aquellos aspectos que, referidos a derechos fundamentales, han quedado
enunciados en la Ley y precisan de una mayor concreción.
Dentro de estos últimos aspectos, estarían entre otras las siguientes
cuestiones:
— Delimitar los motivos y circunstancias en las que pueden efectuarse
inspecciones (registros) en las habitaciones de los jóvenes, así como
cacheos a los mismos (artículo 59.1. o de la Ley Orgánica 5/2000).
La experiencia que tiene esta Institución sobre el modo en que se
llevan a cabo este tipo de actuaciones en los centros penitenciarios de
adultos hace que sea necesario un desarrollo reglamentario de esas materias,
incluyéndose además la obligación de comunicar al juez de menores
cada cacheo que se realice sobre los mismos, especialmente en aquellos
casos en los que el cacheo conlleve un desnudo integral.
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