documento - Defensor del Pueblo

83/2000 RECOMENDACIONES
pues no puede olvidarse que nos encontramos ante una tasa y que el
importe estimado de las tasas por la prestación de un servicio o por la
realización de una actividad, según elartículo 24 de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, no puede exceder en su conjunto del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate, señalando su
apartado 3, que para la determinación de la cuantía de las tasas deberán
tenerse en cuenta criterios jurídicos de capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlas».
Cuarta. Tampoco puede compartirse la justificación que se hace de
que los residentes en otros municipios paguen más cuando disfrutan, utilizan
o aprovechan especialmente el dominio público local o cuando se
ven afectados por la prestación de un servicio público municipal porque
los vecinos de ese municipio ya pagan determinados impuestos locales
y aquéllos no.
En relación con ello, hay que recordar que ese Ayuntamiento recibe
un ingreso en concepto de participación en los tributos del Estado y éstos
se nutren con los impuestos estatales que, entre otros, han pagado los
residentes en otros municipios que también son sujetos pasivos de esas
tasas municipales. De igual modo, estas personas han contribuido a las
arcas de la Hacienda autonómica y, gracias a ello, la Comunidad de
Madrid ha podido costear parte de esas instalaciones municipales u otorgar
subvenciones a ese municipio para que pueda prestar determinados
servicios.
Por último, no hay que olvidar que aunque los vecinos de ese municipio
contribuyan con sus impuestos directos de carácter local al sostenimiento
de los gastos de esa Administración local, también es verdad que obtienen
una prestación de servicios difusos (como los señalados en el art. 21 de
la Ley de Haciendas Locales) por el mero hecho de vivir en ese municipio.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28
y30delaLey Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor
del Pueblo, procedemos a formular la siguiente recomendación: «Que por
esa Alcaldía se someta al Pleno de la Corporación Municipal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la modificación de
las Ordenanzas Fiscales reguladoras de aquellas tasas y de aquellos precios
públicos que señalen distintas tarifas, según que los sujetos pasivos
sean o no vecinos de ese municipio, ya que tal diferenciación es contraria
al principio de igualdad consagrado en los artículos 14 y 31.1 de la Constitución
y porque vulnera el principio de capacidad contributiva recogido
también en el citado artículo 31.1 de la Constitución así como en el artículo
3 de la Ley General Tributaria.
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