documento - Defensor del Pueblo

77/2000 RECOMENDACIONES
de promoción y desarrollo, y los centros de iniciativa empresarial, y establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a
dichos programas.
En su respuesta, ese centro directivo comunica que el procedimiento
seguido por la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo
en Palencia y el Ayuntamiento de Palencia para la selección de personal
para cubrir plazas de monitores de carpintería y albañilería de las Escuelas
Taller se acomodó a los criterios recogidos en el apartado 7 de la
citada Resolución de 7 de julio de 1995. También, se confirma que las
únicas actas levantadas, cuya obligatoriedad recoge el apartado 7.2.c) de
la precitada norma, se refieren a la preparación de la relación de alumnos
y del resto del personal seleccionado.
Relatados los antecedentes, resulta necesario, en el criterio de esta
Institución, remarcar el contenido del artículo 7, apartado b), de la Resolución
de 7 de julio de 1995, según el cual el grupo de trabajo determinará
el procedimiento a seguir en el proceso selectivo, el perfil de los candidatos,
las características y los requisitos a cumplir por los mismos, entre
los que figurarán el de ser preferentemente desempleados, teniendo prioridad
aquellas personas que hayan desempeñado una ocupación similar
en otras Escuelas Taller o Casas de Oficio. El grupo correspondiente
«elaborará la convocatoria, determinará el baremo y las pruebas a aplicar
en su caso...».
En el asunto que ha motivado la queja, la convocatoria pública determinó
que para la cobertura de las plazas de monitores de carpintería
y albañilería se valoraría la experiencia profesional y docente.
Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente no se ha
podido determinar, por no constar en ningún documento, cuáles son los
méritos tenidos en cuenta para la selección de personal, ni tampoco el
baremo utilizado para su determinación. La no constancia de estos datos,
que no significa que los mismos no se hubiesen elaborado, perjudica a
todas aquellas personas que formando parte en el proceso de selección
no han sido seleccionadas, por cuanto les impide conocer con exactitud
los criterios objetivos tomados en consideración por el órgano seleccionador
para adjudicar las plazas a uno u otro candidato.
Por otra parte, es lo cierto que la obligación de levantar acta por
el grupo de trabajo se recoge expresamente en el apartado c) del artículo 7
de la ya mencionada Resolución, por lo que cabría interpretar que dicha
obligación sólo se refiere a la relación de alumnos y del resto del personal
seleccionado.
No obstante, de la amplitud del término utilizado referente a qué
circunstancias deben constar en las actas, «de todo lo actuado», cabría
272