documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 87/2000
La mencionada Comisión informó también que las personas no incluidas
en las listas o anexos a los que se refiere la Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de septiembre de 1997 podrían instar de la Administración
General del Estado, las correspondientes actuaciones tendentes a la exigencia
de responsabilidad patrimonial, por daños y perjuicios causados
por las autoridades y personal al servicio de la Administración, según
lo dispuesto en el artículo 145 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Ante tal contestación, desde el Defensor del Pueblo, se dio traslado
de la situación expuesta al entonces Ministerio de Economía y Hacienda
con objeto de conocer si desde el mismo día podía adoptarse alguna decisión
que pudiera satisfacer a aquellas personas que, habiendo sido afectadas
por el consumo de aceite adulterado, no eran consideradas ahora
como perjudicados por el órgano judicial que ejecutaba la sentencia. En
el escrito que se remitió a dicho Ministerio, ya se le indicaba la posibilidad
de hacer uso de las fórmulas convencionales que establece la Ley 30/1992,
con objeto de poder llegar a acuerdos con cada uno de los afectados para
que éstos en el plazo de tiempo más breve pudieran ser resarcidos de
los perjuicios que padecieron, todo ello teniendo en cuenta los criterios
indemnizatorios que fueron fijados por el Tribunal Supremo en la sentencia
antes citada.
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se contestó, en su
momento, facilitando una minuciosa información de los diferentes trámites
procesales que se habían producido en el sumario 129/1981 y en
el procedimiento abreviado número 162/1989, ambos de la Audiencia
Nacional. Además seañadió que cada afectado tendría que plantear dentro
de la ejecución de sentencia un incidente de ejecución. Según ese
Ministerio, la Administración solamente podría pagar a aquellas personas
a las que la Audiencia Nacional hubiera reconocido alguna indemnización,
todo ello sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ser invocadas
por eventuales afectados por el envenenamiento masivo cuyos nombres
no figuran en las listas oficiales que utiliza el órgano ejecutor de la
sentencia.
Ante tal contestación, el pasado mes de marzo del presente año, esta
Institución dio por finalizada su actuación por estimar que el respeto
al principio de independencia judicial (art. 117.1 de la Constitución) impedía
que el Defensor del Pueblo realizara ninguna otra intervención habida
cuenta de que un órgano judicial estaba conociendo en toda su integridad
la situación en la que se encontraban los ciudadanos que a él acudían.
Con posterioridad a la fecha anteriormente mencionada, han continuado
dirigiéndose a esta Institución personas y asociaciones que vuelven
a exponer la grave situación en la que se encuentran, ya que después
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