documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 16/2000
entonces sigue perviviendo la situación ylapráctica vigente en 1956,
en el momento de aprobarse los reglamentos de los cuerpos de funcionarios
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ayudantes
de Obras Públicas, sin que se hayan tenido en cuenta las atribuciones
que hoy reconoce la Ley 12/1986 a los ingenieros técnicos, lo que podría
evidenciar un deseaprovechamiento de los recursos humanos de los que
dispone la Administración Pública, susceptible de ser corregido a través
de las modificaciones normativas y estatutarias que resultasen procedentes.
Sexta. En base a todo lo anterior, se solicitó de esa Subsecretaría
la remisión de un informe sobre la adecuación de las funciones y cometidos
asignados a los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas a las atribuciones profesionales que la ley reconoce a estos titulados
y sobre las previsiones que en su caso existiesen en orden a la
equiparación de tales atribuciones a las previstas en la Ley 12/1986.
Séptima. Se trataba de determinar si el régimen estatutario de los
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en la medida en que se refiere
a sus atribuciones profesionales resulta válido o, por el contrario, necesitado
de una adecuación o adaptación a las previsiones de la Ley 12/1986,
y por ello no se dio conformidad a su primer informe de 20 de julio de
1999 que se limitaba a remitir a las unidades de recursos humanos de
ese departamento el problema de analizar si las funciones asignadas a
los puestos de trabajo que los susodichos funcionarios desempeñan son
las que les corresponden.
Octava. Del segundo informe, emitido al efecto por la Secretaría
General Técnica de ese Ministerio, reseñado en el encabezamiento, se
desprende que, atendiendo al preámbulo de la Ley 12/1986, en el que
se hace balance de la evolución de las Enseñanzas Técnicas e incluso
referencia a las posibles Directivas comunitarias en la materia, habría
que revisar los esquemas de atribuciones profesionales de los Arquitectos
e Ingenieros Técnicos para adecuarlos al contenido de los programas
de enseñanza, y, en su caso, a lo que determinen las propias instancias
comunitarias, necesidad la primera que fundamenta por sí sola la Ley.
En este sentido, el citado informe califica como de todo punto razonable
que, tomando como referencia la Ley 12/1986, se adecuen a la misma
las normas estatutarias vigentes en todos aquellos puntos en que las atribuciones
de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas vinculados a la
Administración se mostraran desfasadas o alejadas de los objetivos del
legislador, y ello porque la exclusión que se hace de estos profesionales
del ámbito de la Ley tenía uncarácter temporal, según se desprende
del preámbulo de la misma en que tal exclusión se considera provisional
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