documento - Defensor del Pueblo

59/2000 RECOMENDACIONES
Norma Suprema, que ordena a los poderes públicos realizar una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales o psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y les amparará especialmente para el disfrute de
los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos.
En desarrollo de estos principios, esta Institución, en el escrito por
el que se inició esta actuación de oficio, valoró positivamente la publicación
por esa Comunidad Autónoma de la Ley 1/1998, de 5 de mayo,
de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y de la Comunicación, que contempla actuaciones en los edificios e instalaciones
existentes, así como medidas de control, tal como se le decía
entonces.
La indicada Ley 1/1998 contempla, además de lo expresado, que todas
las consejerías de la Generalidad Valenciana, dentro de sus competencias
y en coordinación con ese Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, así como con la Consejería de Bienestar Social, deben
fomentar la eliminación de las barreras existentes, entre otros medios,
mediante incentivos y ayudas para actuaciones de rehabilitación para la
promoción de la accesibilidad de las personas con limitaciones físicas y
sensoriales.
En consecuencia, se observa una cierta contradicción entre estas previsiones
legales y algunos de los argumentos que se contienen en los
informes remitidos por esa Consejería, sobre todo en lo que al primero
de ellos se refiere, cuando se afirma, por un lado, que se parte de la
base del reconocimiento de las ayudas públicas existentes, aunque no
se detallan las mismas, por lo que, una vez recibido este informe, se
solicitó una ampliación del mismo, pero se alude también a que, «desde
una posición postulante de la subsidiaridad pública únicamente sería factible
un reforzamiento de las ayudas ahora existentes» y se dice que
una mayor intervención de la Administración necesitaría de un debate
al que deberían estar llamadas todas las partes interesadas y en el que
cada una de ellas vertiera sus opiniones, ya que no se puede olvidar «que
nos movemos en el ámbito jurídico-privado».
Los argumentos citados, así como las dudas que se plantean sobre
el marco legal al que en uno y otro informe se hace referencia, que es
el de la legislación sobre los planes de vivienda, no se corresponde, pues,
a juicio de esta Institución, con la literalidad de las disposiciones que
se contienen en la citada Ley 1/1998, por lo que analizada la situación
que se plantea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que nos regimos, se ha considerado
oportuno formular a V. E. la siguiente recomendación: «Que en desarrollo
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