documento - Defensor del Pueblo

22/2000 RECOMENDACIONES
Tercera. En el informe emitido por ese servicio común también
se manifiesta que la persona interesada podía haber efectuado la presentación
de los boletines de cotización en los registros de cualquier
otro órgano administrativo, perteneciente a la Administración General
del Estado, Comunidad Autónoma o Local, así como también enlas
oficinas de correos, que hubieran permanecido abiertas el día 31de
diciembre, en aplicación del artículo 38.4 de la repetida Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Sobre tal aspecto, ha de significarse que, teniendo en cuenta las características
especiales de los documentos de cotización y su tratamiento,
así como las comprobaciones a efectuar en los mismos, se considera que
su presentación en los registros de los distintos órganos administrativos
podría suponer que se produjeran errores u otras deficiencias, por lo
que sería apropiado que tal actuación se practicara ante los registros
de las distintas dependencias de esa Tesorería General de la Seguridad
Social, atendidos por personal que se estimara imprescindible.
A tal efecto, es menester tener en cuenta que, a tenor del número 6
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las administraciones
públicas deben garantizar el derecho de los ciudadanos a la presentación
de documentos, contemplado en el artículo 35 de la misma ley, estableciendo,
desde la perspectiva de esta garantía, los días y el horario en
que deben permanecer abiertos sus registros. Por tanto, el espíritu y
finalidad de la norma llevan a sostener la necesidad de cohonestar la
no prestación de servicios laborales en un determinado día por parte
del personal de una dependencia, con el mantenimiento, en el indicado
día, de la apertura del registro para la presentación de la documentación,
por parte del público.
Cuarta. También en relación con la presentación de la documentación
a través de los canales alternativos antes citados, será menester
recordar que el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
contempla indubitadamente la presentación de documentos a través de
estas vías alternativas como un derecho de ciudadano y no, según parece
deducirse del informe emitido, como un deber del mismo.
Quinta. El asunto que se analiza ofrece otra vertiente, consistente
en los efectos que habrían de darse a la presentación, por parte del reclamante,
de los documentos correspondientes a la cotización del mes de
noviembre de 1997, que se efectuó en el siguiente díahábil al 31 de diciembre
de dicho año.
En tal sentido, es menester tener en cuenta que el artículo 48.7 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, determina que la Administración
General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas,
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