documento - Defensor del Pueblo

98/2000 RECOMENDACIONES
valor hay que ostentar la condición de titular de la finca, o acreditar
su consentimiento o, en su defecto, tener un interés legítimo y directo
o, por último, tener la condición de investigador que demuestre el interés
histórico, científico o cultural de ese dato.
Por esa razón, en el artículo 4 se establece que las personas que no
tengan las anteriores condiciones únicamente pueden acceder a los datos
referentes a las características económicas de los bienes hasta el nivel
de agregación de la calle si se trata del catastro urbano o del polígono
catastral si se refiere al catastro rústico por lo que no se les facilitan
los datos económicos de las fincas individualizadas (valor del suelo, valor
de la construcción y valor catastral).
Por último, en el informe que se ha recibido igualmente se afirma
que las restricciones impuestas por el citado Real Decreto al acceso de
los ciudadanos a la información que figura en el Banco de Datos Catastral
son el resultado de una interpretación de las normas contenidas en la
LOTARD (que ha sido derogada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPDCP) y
que la aplicación deaquéllas a las solicitudes de los ciudadanos no tiene
otra pretensión que el cumplimiento de lo dispuesto en esas Leyes Orgánicas.
Estudiado el contenido del informe enviado por esa Dirección General,
esta Institución estima necesario realizar las siguientes consideraciones
previas:
Según elartículo 54 de la Constitución lamisión esencial de este alto
comisionado de las Cortes Generales es la defensa de los derechos fundamentales
de los ciudadanos consagrados en el títuloIyel control ordinario
de la Administración pública.
En el ejercicio de esta misión y según la doctrina del Tribunal Constitucional
hay que atender a las circunstancias que concurren en cada
caso, pues no existen los derechos absolutos, por lo que hay que sopesar
de manera razonable cuando se produce un conflicto entre un derecho
constitucionalmente reconocido y protegido y otro derecho.
En el caso que estamos estudiando, si bien debemos velar para que
la Administración no posibilite que un tercero invada la intimidad personal
o familiar de los titulares de los bienes inmuebles por aplicación
del artículo 18.1 de la Constitución, también debemos asegurar que la
Administración no extienda este derecho más allá de lo legalmente previsto
para que no se vulnere el derecho a recibir información veraz, consagrado
en el artículo 20.1.d), y el del acceso a los archivos y registros
públicos de los ciudadanos que está establecido en el artículo 105.
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