documento - Defensor del Pueblo

RECOMENDACIONES 28/2000
por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento
urbanístico».
Esta Institución considera, junto con la doctrina, que la plena conformidad
o no a la legalidad urbanística del acto de aprovechamiento
o uso del suelo beneficiario en principio de la técnica del silencio, no
es determinable jurídicamente con carácter definitivo, al tiempo de la
realización de dicho acto, pudiendo la Administración, recisar esa determinacion
—a través del correspondiente procedimiento de protección y
restablecimiento de la referida legalidad— a lo largo de todo el período
de construcción de las obras y hasta que transcurra el plazo en el que
opere la prescripción. Esta circunstancia introduce inevitablemente una
apreciable dosis de inseguridad en su utilización por el particular de la
técnica del silencio (en principio pensado en su beneficio) como precio
a pagar por la opción en favor del principio de legalidad estricto, que
puede afectar sin duda a la propia funcionalidad institucional de la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior no se estima procedente la utilización
de la técnica del silencio administrativo para que los titulares de las licencias
lleven a cabo obras de edificación, no sólo por la argumentación antes
expuesta sobre la inseguridad que ello genera respecto al cumplimiento
de las normas urbanísticas sino también en cuanto a la inseguridad que
produce al resto de los ciudadanos por cuanto tales obras deben reunir
otros requisitos relativos a la seguridad y salubridad.
En el caso planteado se suscita otra cuestión que viene a añadir mayor
inseguridad al administrado: la posible invasión de caminos públicos.
Es necesario recordar, en este punto, que el artículo 70.1 del Reglamento
de Bienes establece que «Las Corporaciones Locales podrán recobrar
por sí la tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier
tiempo».
Por su parte, el artículo 44.1 del citado Reglamento establece las
potestades de las que disponen las entidades locales respecto de sus bienes,
que como S. S. conoce incluyen las de investigación, deslinde, recuperación
de oficio y desahucio administrativo.
Así pues, en el caso aquí tratado la figura del silencio positivo pudiera
irrogar perjuicios al titular de las obras por la posibilidad de que en
cualquier momento la entidad local pueda o quiera iniciar el procedimiento
de recuperación de sus bienes, desconociéndose el resultado de tal procedimiento
hasta la realización del deslinde.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27
y30delaLey Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor
del Pueblo, se ha considerado procedente formular a S. S. la siguiente
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