documento - Defensor del Pueblo

38/2000 RECOMENDACIONES
Según dispone ese precepto, los ciudadanos que trabajen en el sector
público y resulten elegidos Concejales o Diputados Provinciales, si ejercen
sus cargos electivos con dedicación parcial, no pueden percibir otra retribución
por ello con cargo a los presupuestos de la Corporación salvo
que renuncien a la que venían percibiendo en su otro trabajo dentro del
sector público. Ello los coloca en una situación de desventaja respecto
a los ciudadanos que desarrollen su actividad profesional en el sector
privado, toda vez que éstos sí pueden compatibilizar los ingresos que
obtengan en la misma con las retribuciones que perciban de los presupuestos
de las Corporaciones Locales si ejercen sus cargos de Concejales
con dedicación parcial.
Como ya se apuntó en nuestro anterior escrito, al introducirse las
palabras «parcial o», se ha producido una modificación que supone que
la incompatibilidad retributiva de los miembros de las Corporaciones
Locales, que antes únicamente la tenían los que desempeñaban sus cargos
con dedicación exclusiva, ahora también la tengan algunos (no todos) de
los que los desempeñan con «dedicación parcial».
Con tal modificación legislativa se rompió el principio de igualdad
de retribución que ha venido imperando en nuestro Régimen Local ya
que, con la redacción actual, existen unos concejales con dedicación parcial
que son retribuidos por ello y otros que no porque les afecta la incompatibilidad
de remuneración establecida en el párrafo segundo del apartado
uno del mencionado artículo 75, y como no siempre existen razones
que justifiquen ese trato desigual, se está ocasionando una situación discriminatoria
en relación con los concejales que trabajan en el sector
privado.
Por otro lado, en el informe emitido por la Dirección General para
la Administración Local también se expone que no prosperó la alternativa
que presentó ese Centro Directivo a la enmienda que propuso el Grupo
Parlamentario Vasco durante la tramitación parlamentaria de la modificación
de la citada Ley 7/1985 y que derivó en la redacción que actualmente
tiene ese precepto legal, así como que tampoco se consiguió que
se incluyese la modificación puntual de ese precepto que producía la discriminación
antes citada en la tramitación de la que luego se aprobaría
como Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social.
De otro modo, se debe recordar que la Ley Orgánica 3/1981, de 6
de abril, por la que se rige esta Institución, dispone que se podrá sugerir
al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación
de las normas que puedan provocar situaciones injustas.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en cumplimiento
de la misión que se nos ha conferido, esta Institución estima que ese
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