documento - Defensor del Pueblo

16/2000 RECOMENDACIONES
«por el momento» y «sin perjuicio de la futura reordenación de cuerpos
y escalas que corresponda, en beneficio del interés público servido».
Novena. Se admite, por tanto, la necesidad de revisar dichas normas
estatutarias para ajustar las atribuciones de estos profesionales a las
previsiones del artículo 2 de la Ley 12/1986, aun cuando con las debidas
cautelas para no interferir en el campo de atribuciones de otros técnicos
titulados, lo que obliga, necesariamente, a armonizar las previsiones genéricas
sobre atribuciones que se contienen en el artículo 2.1.a), b) y c)
de la ley con el contenido de las titulaciones universitarias que amparan
o habilitan para el ejercicio de dichas atribuciones.
Décima. Por todo ello, el informe que sirve aquí de referencia concluye
aludiendo a la complejidad del problema desde que se promulgó
la Ley 33/1992, esto es, a la dificultad de deslindar —tomando como referencias
obligadas tanto la literalidad del artículo 2.1 de la Ley 12/1986
como el espíritu de la norma— las atribuciones de los Cuerpos de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas al servicio de la Administración, lo que haría precisa una actuación
consensuada entre la Administración y los colectivos afectados para
llegar a una definición del ámbito competencial de ambos cuerpos que
permitiera conciliar las previsiones de la normativa comentada, las legítimas
aspiraciones de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas al servicio
de la Administración y las exigencias del interés general.
En base a cuanto queda argumentado, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, reguladora de la Institución
del Defensor del Pueblo, se procede a formular a V. I. la siguiente recomendación:
«Que por esa Subsecretaría se adopten las medidas necesarias
para acomodar las normas estatutarias aplicables a los Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas al servicio de la Administración a las previsiones
de la Ley 12/1986, interpretadas en el sentido expuesto en las consideraciones
precedentes, y teniendo en cuenta la finalidad de las modificaciones
introducidas en la misma por la Ley 33/1992, que no fue otra
que evitar la situación discriminatoria en la que se encontraban estos
profesionales respecto de los demás ingenieros técnicos, según se expresa
literalmente en su exposición de motivos.»
Madrid, 8 de febrero de 2000.
Recomendación dirigida al Subsecretario del Ministerio de
Fomento.
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