documento - Defensor del Pueblo

37/2000 RECOMENDACIONES
presentado, continúa afirmando «la finalidad de la exigencia de licencia
es precisamente la de asegurar que las facultades del derecho de propiedad
se van a ejercitar dentro de los límites y con cumplimiento de
los deberes establecidos en el ordenamiento urbanístico. Una vez asegurado
que dicho ejercicio se ajusta a tal ordenación, carece de sentido
impedirlo: surge así el principio de la proporcionalidad de la actuación
administrativa que exige una armonía entre el contenido del acto administrativo
y el fin perseguido; en esta línea, es claro que ante la posibilidad
de utilizar varios medios para obtener un fin, deberá elegirse el menos
restrictivo para los derechos del administrado».
Esta Institución considera que en el presente caso se dan las circunstancias
necesarias para que se condicione la licencia, dado que ésta
podría haberse otorgado introduciendo cláusulas legalizadoras sin que
se alterase sustancialmente la actuación pretendida.
Tal actuación administrativa de haberse producido hubiera puesto de
manifiesto de forma clara que la única pretensión de esa Administración
es cumplir con la misión que le atribuye el ordenamiento jurídico urbanístico,
es decir, velar y preservar el orden urbanístico.
Sin embargo, en la actuación administrativa realizada en el presente
caso han concurrido dos circunstancias que vienen impidiendo al interesado
el desarrollar una actuación urbanística que el ordenamiento le
permite llevar a cabo, como es la edificación de unos terrenos sin que
tal impedimento lo haya podido salvar hasta el momento, por la evidente
confusión respecto a la normativa aplicable y porque ese Ayuntamiento
ha considerado procedente denegar la licencia en dos ocasiones en lugar
de introducir conditio iuris o, en su caso, antes de dictar la resolución
denegatoria, indicar al titular de la solicitud de licencia la necesidad de
reformar el proyecto en los aspectos que se considere necesarios para
que éste se adecue a la normativa.
Así pues, esta Institución, de conformidad con lo establecido en los
artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora
del Defensor del Pueblo, ha considerado procedente formular las siguientes
recomendaciones:
«Que se determine de forma clara en cada una de las solicitudes de
licencias que se presenten ante ese Ayuntamiento la normativa aplicable
al terreno para el cual se solicita ésta, al objeto de que el administrado
esté informado de la actuación que se puede llevar a cabo en el mismo
con carácter previo al otorgamiento o denegación de la licencia.
Que en los casos en los que sea posible la acomodación del proyecto
a la legalidad aplicable por no alterarse sustancialmente la actuación pre­
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