documento - Defensor del Pueblo

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ble, por lo que se puede facilitar sin necesidad de informar al mismo
tiempo de la identidad de su titular.
En cambio, y como más arriba se apuntó, cuando la información facilitada
por la Administración conlleva el conocimiento de la identidad del
propietario del bien inmueble al mismo tiempo que el de su valor catastral,
sí se puede considerar que afecta a la intimidad de aquél, ya que contiene
datos personales. Las restricciones que se han de aplicar en estos casos
serían las establecidas en el artículo 3 del Real Decreto de 1 de julio
de 1994.
En este punto hemos de llamar la atención de esa Dirección General
en relación con la contradicción existente en la negativa de facilitar el
valor catastral a quien lo solicita y la práctica administrativa que viene
teniendo alguna Gerencia Regional o Territorial de realizar la notificación
individual del valor catastral de algún bien inmueble de forma visible
en el sobre. Algunos propietarios han presentado quejas por considerar
que se había vulnerado su derecho a la intimidad.
La Gerencia Territorial del Catastro que envió las correspondientes
notificaciones nos ha informado que ha utilizado el modelo oficial aprobado
por esa Dirección General. Ello permite que todas las personas que participan
en el proceso de envío y recepción de esa notificación (pertenecientes
al servicio de correos oaempresas especializadas contratadas
al efecto) puedan conocer tanto su nombre y domicilio como su valor
catastral.
El valor catastral de una finca individualizada tiene que ser considerado
como un dato público al que los terceros puedan acceder sin necesidad
de estar en uno de los supuestos contemplados en el artículo 3
del citado Real Decreto, ya que así se ofrece una mayor transparencia
informativa en una materia en la que el elemento comparativo resulta
relevante.
Aunque en dicho artículo se permite acceder al valor catastral a quienes,
sin contar con la autorización del titular, acrediten un interés legítimo
y directo, al ser éste un concepto jurídico indeterminado, la interpretación
restrictiva que del mismo se está dando por parte de esa Administración,
en vez de hacerlo de forma flexible como ha sucedido en la jurisprudencia
existente sobre la legitimación para su impugnación, nos mueve a indicar
que nos es precisa esa acreditación.
De la misma forma que el arrendatario, acreedor hipotecario, etc.
pueden precisar conocer el valor catastral de una finca, otro ciudadano
también puede solicitar acceder a este dato para aportar un elemento
de prueba que apoye su disconformidad con el valor catastral que se
haya dado a otra finca similar de la que él es titular.
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