documento - Defensor del Pueblo

55/2000 RECOMENDACIONES
En cuanto a la normativa sobre la venta ambulante, hay que indicar
que, después del Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, se ha promulgado
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
que contiene una parca y escueta regulación de la misma por lo que ha
de ser complementada con la correspondiente ley autonómica, ya que
la competencia sobre esta materia ha sido transferida a las Comunidades
Autónomas y bastantes son las que han promulgado leyes regulando esta
materia como ocurre, en este caso, con la Ley /1994, de 27 de mayo,
de la Actividad Comercial del País Vasco (BOPV de 13 de junio).
Es esta legislación autonómica la que debe establecer en detalle los
requisitos a cumplir por los vendedores ambulantes en los respectivos
mercadillos. El Ayuntamiento también puede y debe establecer el régimen
regulador de tal actividad, complementado y desarrollando la legislación
estatal y autonómica, mediante la aprobación de la correspondiente
Ordenanza municipal con sujeción al procedimiento establecido en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Segunda. Además de la forma en que se manifiesta este tipo de
comercio, se debe tener en cuenta que los mercadillos y puestos en los
que se ejerce la venta ambulante se desarrolla sobre la vía pública, lo
que comporta un uso de un bien de dominio público, uso común especial
sujeto a la obtención de la correspondiente licencia (arts. 75 a 77 Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio).
Pues bien, en el apartado 2 de ese artículo 77 se dispone con claridad
que «las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia
se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán
por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren
de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo».
Como se puede apreciar, el legislador no ha previsto que para el otorgamiento
de esas licencias se establezcan cupos en base al lugar de empadronamiento
de los solicitantes.
El que se otorgue preferencia a los empadronados en esa ciudad sobre
los que no lo están en el aprovechamiento de las plazas, calles o paseos
en los que se ubican los mercadillos es una actuación administrativa que
va en contra de la propia naturaleza de esos bienes de dominio público
ya que, según elartículo 75.1 del citado Reglamento de Bienes, el uso
común de los mismos es «el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
indistintamente».
Por último, y como no puede ser de otra forma, el establecimiento
de esos cupos de preferencias en base al lugar de residencia de los arte­
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