documento - Defensor del Pueblo

88/2000 RECOMENDACIONES
deberá contemplarse el régimen de visitas a los menores [artículo 56.2.h)]
muy especialmente habrá que regular si resulta conveniente o no la presencia
de algún educador durante las visitas que realizan los familiares
a los menores. En este momento la normativa interna de los centros
regula de forma diferente ese tipo de visitas.
2. o En segundo lugar, el Defensor del Pueblo quiere hacer llegar
a ese Ministerio una serie de consideraciones por las que, a juicio de
la Institución, resultaría muy aconsejable una moratoria, en todo o en
parte, de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000. Tal reflexión
se hace teniendo en cuenta las importantes consecuencias que se derivan
de dicha Ley, tanto para la sociedad en su conjunto, como para los menores
en particular. Cualquier actuación educativa o sancionadora que se
realice sobre ese colectivo debe realizarse contando con los recursos
humanos y con los medios materiales adecuados. Las personas destinatarias
directas de esta Ley se encuentran en una franja de edad (catorce
a dieciocho años con posibilidad de llegar a los veintiún años), en la que
para su desarrollo personal es decisivo que los poderes públicos intervengan
con objeto de modificar aquellos comportamientos ilícitos que les
llevaron a la comisión de infracciones con repercusión penal.
Los medios existentes en este momento no permiten pronosticar que
existan las condiciones idóneas como para garantizar una correcta aplicación
delaLey Orgánica 5/2000.
Todas las Comunidades Autónomas visitadas han indicado que desconocen
cuál será la verdadera incidencia de esta Ley. No existen, en
este momento, unos datos fiables que permitan hacer previsiones acerca,
por ejemplo, del número de plazas de internamiento en régimen cerrado
que van a ser necesarias. En parte, tal desconocimiento resulta inevitable
si se tiene en cuenta que existe una falta de homogeneidad entre el tratamiento
normativo que el Código Penal actual ofrece a los hechos delictivos
que cometen los más jóvenes y las alternativas que ofrece la Ley
Orgánica 5/2000.
Lo cierto y verdad es que el número de plazas existentes en los centros
de internamiento resultarán posiblemente insuficientes a partir del 13
de enero de 2000 y además su distribución geográfica resulta claramente
inadecuada para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46.3. o ,
55.2. o y 56.2. o , e), de la Ley antes citada. Estas conclusiones se efetúan
teniendo en cuenta que hay Comunidades Autónomas que ya han proyectado
la construcción con carácter inmediato de nuevos centros de internamiento,
como es el caso de las Comunidades Autónomas de Extremadura,
Aragón y Madrid. En otras, como es el caso de la Comunidad
Autónoma catalana, se están realizando obras con carácter urgente para
adaptar sus instalaciones a las necesidades futuras.
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